BRASILIA — En una decisión que ha encendido las alarmas de la oposición y de analistas políticos internacionales, la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha condenado al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a una pena de cuatro años y dos meses de prisión. La acusación: haber “orquestado”, presuntamente, la imposición de aranceles comerciales por parte de Donald Trump contra productos brasileños.
La sentencia ha reavivado de inmediato el debate sobre la supuesta politización de la máxima corte brasileña, cuyos principales magistrados en este caso guardan estrechos vínculos con el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
El mito del “poder de ordenar”: ¿Tiene Eduardo Bolsonaro control sobre Trump?
El núcleo de la acusación presenta un serio interrogante geopolítico: ¿Realmente el hijo de Bolsonaro tiene la capacidad de dictarle la política exterior y comercial a un presidente de los Estados Unidos?
Para la mayoría de los expertos en relaciones internacionales, la respuesta es un rotundo no. Si bien es de público conocimiento que Eduardo Bolsonaro ha tejido una relación cercana con el entorno de Donald Trump y los movimientos conservadores de la esfera MAGA, la idea de que un diputado de un país extranjero pueda “ordenar” o “diseñar” la política arancelaria de la Casa Blanca carece de sustento en la realidad del poder global. Las decisiones arancelarias de la administración Trump siempre respondieron a su agenda proteccionista de “America First” y a intensas presiones de lobbistas y sectores productivos estadounidenses, no a las directrices de un aliado extranjero. Por ello, la oposición brasileña argumenta que el fallo utiliza una narrativa inverosímil como pretexto para forzar una condena penal.
Radiografía de la Sala Primera: Los “jueces de Lula”
Las sospechas de parcialidad se sustentan en la composición misma de la Sala Primera del STF, cuyos magistrados clave deben su puesto directamente al actual mandatario o han sido piezas fundamentales en el choque contra el bolsonarismo:
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Cristiano Zanin: Incorporado al tribunal en 2023, Zanin no es un juez de carrera tradicional, sino el amigo cercano y abogado personal que defendió a Lula da Silva en las causas de la operación Lava Jato. Su salto de la defensa legal del presidente a la magistratura del STF fue una de las decisiones más criticadas por la falta de apariencia de neutralidad.
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Flávio Dino: Nombrado en 2024 tras desempeñarse como ministro de Justicia de Lula. El propio presidente festejó públicamente su designación, vanagloriándose de haber colocado al “primer juez comunista” en la historia de la Corte Suprema, una declaración que dañó la imagen de imparcialidad que se le exige a un magistrado.
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Cármen Lúcia: Una veterana del tribunal, incorporada originalmente por el propio Lula da Silva en su primer mandato, en el año 2006.
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Alexandre de Moraes: Convertido en el auténtico “hombre fuerte” del STF. Moraes acumula funciones que en cualquier democracia con separación de poderes serían incompatibles: investiga, acusa y juzga de manera simultánea. Su rol central en la inhabilitación y condena de Jair Bolsonaro, sumado a este nuevo fallo contra su hijo, confirma para la oposición que la justicia brasileña opera con un marcado sesgo político.
Un revés internacional para Moraes
La legitimidad de los métodos de Alexandre de Moraes no solo es cuestionada dentro de Brasil, sino que ya empieza a sufrir desaires en el extranjero. Recientemente, los tribunales de Roma, Italia, desacreditaron formalmente la gestión de Moraes al rechazar la petición de extradición de la diputada brasileña Carla Zambelli. El tribunal italiano detectó irregularidades y fallas procesales en la solicitud enviada por el magistrado brasileño, lo que expone las debilidades institucionales de sus procesos ante la comunidad jurídica internacional.
Con la condena a Eduardo Bolsonaro, la brecha política en Brasil se profundiza. Lo que el STF presenta como una defensa de las instituciones, la mitad del país y observadores externos lo interpretan como el uso del aparato judicial para neutralizar a la oposición política.
