La reciente carta abierta de Cristina Fernández de Kirchner, en la que anuncia su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es el enésimo capítulo de una estrategia recurrente: la construcción de una realidad paralela. Frente a una condena en la causa Vialidad que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos y la confina a la prisión domiciliaria, la expresidenta elige una vez más el ropaje de la víctima, atribuyendo su situación judicial a un supuesto *”machismo estructural”* y a la violación de sus garantías. Sin embargo, detrás del ruido de la retórica geopolítica, el peso de los hechos sigue siendo implacable.
Hablar de persecución o de conspiraciones es un ejercicio de distracción que choca de frente con la contundencia de las pruebas acumuladas durante años. La opulencia no se explica con discursos ideológicos ni se justifica con argumentos de género. El ejemplo más explícito y doloroso de este entramado es el cofre fort oculto en un banco con *más de cuatro millones de dólares* a nombre de su hija, Florencia Kirchner. Un dinero cuyo origen lícito jamás pudo ser demostrado y que expone la cara más cruda del poder: la decisión inescrupulosa de involucrar a su propio entorno familiar en los mecanismos de la sospecha y el enriquecimiento.
El frente judicial de la exmandataria no es un invento ni un capricho; es el resultado de una matriz de corrupción que erosionó las arcas públicas. Los negocios bajo la lupa en las causas de los hoteles del Sur (Hotesur y Los Sauces), sumado a la causa de los Cuadernos de las Coimas —donde la imputación la señala como jefa de una *asociación ilícita* destinada al lavado de dinero— junto con la gravedad institucional de la causa por el memorándum con Irán, configuran un panorama penal que ninguna apelación internacional puede maquillar.
Buscar refugio en los organismos de la ONU bajo la bandera del lawfare es el último recurso de quien prefiere desconocer a las instituciones locales cuando el veredicto no le favorece.
Intentar transformar delitos de corrupción pública en una épica de resistencia política es un insulto a la sociedad en su conjunto.
Cristina Kirchner puede seguir habitando su propio relato y desconociendo los fallos, pero los expedientes, los números no justificados y la realidad histórica ya han escrito su propio veredicto.
