Por Paco Tilla.-
La estrategia de José Luis Rodríguez Zapatero ante la justicia ha cruzado la frontera entre la maniobra procesal y la desfachatez institucional. Que un expresidente del Gobierno español, fuertemente vinculado durante años a los intereses del régimen chavista, sea incapaz de acreditar documentalmente el origen de joyas de valor millonario incautadas en su propio despacho no es solo un escándalo político: es un síntoma alarmante de opacidad.
El movimiento de solicitar al juez Manuel Calama una comisión rogatoria a Qatar para obtener la información sobre sus propias joyas constituye la escenificación perfecta del “patada adelante y a seguir”. La pretensión resulta insólita desde cualquier punto de vista legal y ético: se traslada al juzgado la carga de averiguar y certificar de dónde salieron unos bienes de lujo que él, como poseedor y propietario, debería justificar de inmediato con facturas, bancarización o declaraciones patrimoniales claras.
Acudir a la vía de la diplomacia judicial en el Golfo Pérsico no es más que una táctica dilatoria para ganar tiempo y diferir la rendición de cuentas. Quien no puede explicar el origen de un tesoro custodiado entre sus propios documentos difícilmente puede alegar ignorancia o buena fe; al contrario, convierte la duda sobre la licitud de esos bienes en una sospecha casi inevitable.
La acumulación de zonas de sombra alrededor de su figura —donde confluyen la mediación internacional bajo la benevolencia de Caracas, los ingresos no aclarados y ahora este patrimonio suntuario en paradero documental desconocido— dibuja un marco que orbita peligrosamente en lo delictivo. La justicia no está para rastrear el origen de las joyas de un expresidente por el mundo, sino para exigir a los ciudadanos, en especial a los públicos, que demuestren que su riqueza no procede de las tinieblas.
El caso Plus Ultra
En este otro caso judicial la situación de Zapatero se complica. Según revela el diario español ABC, las declaraciones que prestaron esta semana como investigados en la Audiencia Nacional el expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el exconsejero delegado de la aerolínea de capital venezolano rescatada por el Gobierno en marzo de 2021, Roberto Roselli, sembraron la sospecha de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pudo cobrar no sólo la presunta mordida de medio millón de euros por desplegar sus contactos para que la compañía recibiera la ayuda pública, sino que continuó cobrando comisiones más adelante.
