Las cosas deben decirse con absoluta claridad y sin matices complacientes: señalar el deterioro del Estado de derecho no implica asumir la defensa irrestricta de actores políticos particulares como Flávio Bolsonaro ni justificar su salida del país. Sin embargo, resulta imposible soslayar un panorama institucional en el que el Supremo Tribunal Federal (STF) ha erosionado su independencia para convertirse en un brazo ejecutor de persecución selectiva, donde las garantías procesales y la imparcialidad judicial parecen haber quedado en segundo plano.
Figuras clave de la alta corte —como Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin, Cármen Lúcia y Gilmar Mendes— han tomado decisiones que, a ojos de diversos observadores y juristas, desbordan el marco de la Carta Magna. Al desdibujar la separación de poderes, el tribunal proyecta la imagen de un Poder Judicial subordinado a la agenda del Ejecutivo, actuando de forma simultánea como juez, parte y jurado.
Las grietas del discurso: Seis contradicciones que marcan un régimen
Frente al discurso oficial que busca posicionarse como el único guardián de la democracia, la realidad contrapone una serie de incongruencias de fondo:
1. La retórica de la “vergüenza” ajena
Tras la salida del país del senador Flávio Bolsonaro, el presidente brasileño no tardó en calificar el acto como una “huida vergonzosa”, apelando a la culpa y a la responsabilidad moral de quien abandona el territorio nacional tras un revés electoral. Sin embargo, este señalamiento contrasta fuertemente cuando se examina la propia trayectoria del mandatario.
2. La amnesia procesal sobre el pasado propio
Resulta un ejercicio de doble rasero calificar de “vergonzoso” el accionar ajeno mientras se omite que la anulación de los procesos contra el propio Lula no obedeció a un fallo de fondo que demostrara su inocencia respecto a los cargos de corrupción, sino a un vicio de competencia territorial dictaminado por la propia corte. La rehabilitación política no borró los hechos; únicamente los archivó por cuestiones de forma.
3. La exportación de impunidad bajo el velo del asilo
Un hito crítico en esta política de doble moral fue la concesión de asilo diplomático a Nadine Heredia, ex primera dama del Perú condenada por corrupción. Tal como denunció la ONG Transparencia Internacional en abril de 2025, otorgar cobijo a una figura vinculada a los esquemas de Odebrecht desnaturaliza la institución histórica del asilo político. Como bien señaló la organización: tras haber exportado corrupción a América Latina y África, Brasil pasa ahora a exportar impunidad.
Sobre la fuga de Bolsonaro el presidente del PT dijo este martes: “Cualquier ciudadano que abandona su país en secreto lo hace porque tiene alguna deuda”, dijo Lula y no recordó su defensa al fugado Rafael Correa que se asiló en Bélgica, tras ser condenado por corrupto en Ecuador en el caso “Sobornos”: “Mi solidaridad al compañero Rafael Correa, víctima de una condena injusta y abusiva, cuyo único objetivo es impedirlo de ser candidato en las elecciones de Ecuador”. Entonces para Lula, su amigo Correa tiene deudas.
Todo esto sumado al apoyo a Cristina Kirchner, condenada por corrupta por la Justicia de su país donde tuvo todas las garantías para su defensa.
4. La invisibilización de la crisis social urbana
Mientras la retórica internacional se enfoca en dar lecciones de moralidad, las calles del país reflejan un deterioro paulatino. El crecimiento exponencial de la población en situación de calle en las principales metrópolis brasileñas expone las deficiencias estructurales de las políticas sociales vigentes.
5. El endeudamiento sofocante de las familias
Los indicadores oficiales muestran niveles alarmantes de endeudamiento en los hogares brasileños. La falta de horizontes de estabilidad económica para la clase media y los sectores más vulnerables contrasta con el triunfalismo del relato gubernamental.
6. El repliegue en materia de seguridad ciudadana
El desbordamiento de la criminalidad ha alcanzado tal magnitud que el propio Ejecutivo se ha visto forzado a respaldar medidas drásticas, como la reducción de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años para delitos violentos. Este giro punitivo evidencia el fracaso de las recetas tradicionales de seguridad pública frente al avance del crimen organizado.
Conclusión: El aislamiento de un relato
El panorama actual revela a un gobierno atrapado en su propia narrativa. La utilización del STF como escudo político y la aplicación de una doble vara de medir —dura para los adversarios, permisiva para los aliados y complaciente con los fallos propios— no solo debilita la calidad institucional de Brasil, sino que proyecta una sombra de desconfianza sobre toda la región. Un Estado que erosiona sus contrapesos internos y justifica la arbitrariedad en nombre de la democracia termina, inevitablemente, preso de sus propias contradicciones.
