Este domingo, tras emitir su voto en São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva volvió a hacer gala de su acostumbrado tono adoctrinador. En sus declaraciones, atacó frontalmente a su rival político, Flávio Bolsonaro, a quien no dudó en tildar de «persona descalificada moralmente» y educada «para mentir». Con cierta escenificación de indignación, el mandatario llegó a asegurar: «Nunca imaginé disputar una elección con una persona así».
Sin embargo, resulta paradójico que sea justamente Lula quien pretenda erigirse como árbitro de la verdad e integridad moral. Si de mentiras e imposturas se trata, la trayectoria del líder del Partido de los Trabajadores ofrece un amplio catálogo de contradicciones que la memoria colectiva no debería ignorar.
Lula nunca pudo demostrar su inocencia frente a los graves cargos de corrupción por los que permaneció en prisión durante más de 500 días. Su liberación no respondió a un fallo que lo eximiera de culpa ni a la invalidez de la evidencia acumulada, sino a un mero tecnicismo procesal relacionado con la competencia territorial del juzgado que llevó su causa. La justicia no concluyó que fuera inocente; simplemente declaró nulo el fuero donde se dictó la sentencia.
Al ordenarse el reinicio de los juicios desde cero en Brasilia, el proceso se estrelló contra una barrera infranqueable: el paso del tiempo. La legislación brasileña establece que los plazos de prescripción de los delitos se reducen a la mitad cuando el imputado supera los 70 años de edad. Con un Lula ya septuagenario, los tiempos legales para reestructurar las causas y obtener una condena firme caducaron de forma irremediable. Fue el reloj, y no la justicia probada, lo que lo libró de volver al banquillo.
Conviene recordar que las condenas originales no fueron fruto de la especulación. En el marco de la emblemática Operación Lava Jato, tribunales de primera y segunda instancia dieron por acreditado que el mandatario se benefició de complejos esquemas de sobornos. Entre las pruebas materiales presentadas figuraban el departamento tríplex de Guarujá y las costosas remodelaciones en la finca de Atibaia, financiadas por las constructoras OAS y Odebrecht a cambio de contratos y favores en Petrobras. Aquellas sentencias, que sumaban más de doce años de prisión, pretendían marcar el fin de una era de impunidad en la región.
Que hoy se presente ante los electores bajo un halo de pulcritud e integridad moral no borra los hechos ni la red de favores construida a lo largo de los años. La amnesia procesal impulsada por vericuetos legales no equivale a la absolución moral, por más que la narrativa oficial intente disfrazar el pasado.
