El debate sobre la gestión migratoria en Ceuta ha vuelto a dejar al descubierto una profunda desconexión entre la agenda política de la izquierda radical y la realidad cotidiana que se vive en las calles de la ciudad autónoma. La decisión de Sumar, el socio de coalición del Gobierno de Pedro Sánchez, de acudir al Defensor del Pueblo para presionar a las comunidades autónomas a asumir el reparto de menores, evidencia una clara escala de prioridades: blindar su discurso ideológico mientras la tranquilidad de los ceutíes pasa a un segundo plano.
Resulta revelador que la portavoz de la formación en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, centre sus exigencias en señalar a las administraciones del Partido Popular, en lugar de afrontar el problema de fondo. La solidaridad institucional no puede convertirse en un eslogan unidireccional ni en una imposición legislativa que ignora la capacidad real de absorción y la seguridad de las poblaciones receptoras. Hablar de “derechos” exige, en primer lugar, reconocer el derecho fundamental de los vecinos de Ceuta a vivir sin miedo, a recuperar la normalidad en sus barrios y a no ver alterada su convivencia por la saturación y la falta de control en las calles.
Para las posturas más radicales de la izquierda, cualquier demanda de orden, refuerzo fronterizo o repatriación se tacha de insolidaridad. Sin embargo, la verdadera solidaridad con Ceuta no consiste en trasladar la presión de un punto a otro de la Península, sino en garantizar que el Estado cumpla con su deber primario: proteger a sus ciudadanos, asegurar el orden público y aplicar la ley en las fronteras.
Cuando el discurso político ignora la percepción de inseguridad y la tensión social de quienes sufren directamente las consecuencias de la crisis, el debate se desvirtúa. La ciudadanía de Ceuta no necesita lecciones de moralismo desde las tribunas de Madrid, sino respuestas firmes que pongan la protección de sus derechos y su seguridad en el centro de las decisiones de Estado.
