El tablero político internacional suele regalar sorpresas, pero pocas tan desconcertantes como la coincidencia de intereses entre el poder en Caracas y la Casa Blanca frente a la Corte Penal Internacional (CPI). El anuncio del retiro de Venezuela de este tribunal no es un paso en falso; es una jugada de doble banda que delata una profunda conveniencia mutua. Por un lado, se busca un blindaje obvio ante las investigaciones por crímenes de lesa humanidad sobre Venezuela; por el otro, la decisión encaja quirúrgicamente en la agenda de Donald Trump de desmantelar los organismos multilaterales.
La ironía del escenario es total. Que la diplomacia estadounidense —hoy liderada en el Departamento de Estado por Marco Rubio— acoja con satisfacción los movimientos de una Caracas que posterga elecciones y presiona a la oposición, demuestra que el pragmatismo suele aplastar a la ideología. El argumento de Washington es directo: asociarse para derribar a una CPI que califican de “corrupta e inútil”. Al final, los enemigos históricos parecen encontrar un enemigo común en el Tribunal de La Haya.
Una cosa es verdad: La inutilidad de la CPI
La gran perdedora en este choque de trenes es la justicia global. Es verdad que el llamado tribunal ha estado “investigando” los excesos del chavismo desde 2018 sin resultados tangibles, lo que ha llevado a que la propia justicia estadounidense tome cartas en el asunto en sus propios tribunales, al capturar a Maduro.
También es cierto que la CPI suele pecar de un sesgo político y un exceso de autoridad al auditar a naciones con sistemas judiciales independientes que jamás se sometieron a su jurisdicción.
La declaración del Departamento de Estado
