La Fiscalía General de Bolivia emitió una nueva orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales, acusándolo formalmente de ser uno de los principales promotores de los masivos bloqueos de carreteras que paralizaron al país durante 53 días entre los meses de mayo y junio.
En esta oportunidad, el exmandatario es procesado por seis delitos distintos presuntamente cometidos en el marco de las movilizaciones. Las protestas y los cercos viales fueron ejecutados por comunidades campesinas del departamento de La Paz y por la Central Obrera Boliviana (COB), contando con el respaldo logístico y político de diversos colectivos dirigidos por el propio Morales. Durante casi dos meses, la alianza opositora mantuvo al país en vilo bajo una consigna única e inflexible: la renuncia inmediata del presidente Paz.
El impacto de las protestas dejó consecuencias críticas para la población y la economía boliviana. El corte de las principales vías de comunicación provocó un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en los centros urbanos más importantes. La crisis humanitaria derivó en el fallecimiento de al menos 16 personas, de las cuales 13 perdieron la vida de forma directa por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos de las rutas. Asimismo, el sector productivo reportó pérdidas financieras que superan los 3.000 millones de dólares.
Esta nueva orden judicial agrava la situación legal de Morales, quien ya acumula dos mandamientos de captura previos por los delitos de trata de personas y rebeldía.
Evo Morales enfrenta una investigación judicial en Bolivia por los delitos de trata de personas y estupro agravado, tras ser acusado de mantener una relación en 2015 con una menor de 15 años con quien habría tenido una hija.
Con este escenario, las autoridades policiales tienen la instrucción de localizar y detener al líder político, cuyo paradero y reacción ante el dictamen fiscal aún no han sido confirmados formalmente.
