Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedieron este miércoles tanto a la sede de la Dirección General del instituto armado como a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, dentro de la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre el denominado caso Leire Díez.
La actuación judicial busca esclarecer una supuesta red orientada a obstaculizar o desestabilizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y a miembros del Gobierno. En el marco de estas diligencias, los agentes reclamaron documentación y archivos electrónicos relacionados con pagos presuntamente realizados a la exmilitante socialista Leire Díez.
Fuentes próximas a la investigación señalan que la intervención en la Dirección General de la Guardia Civil estuvo centrada en recopilar información sobre expedientes disciplinarios abiertos en su momento a mandos del cuerpo vinculados a investigaciones sensibles relacionadas con los casos Ábalos y Cerdán. Según esas mismas fuentes, dichas actuaciones internas no llegaron a derivar en sanciones formales y quedaron limitadas a una información reservada que finalmente fue archivada sin atribución de responsabilidades.
Durante la operación, encabezada por el teniente coronel Antonio Balas y efectivos de la UCO, también se tomó declaración a responsables del área de Régimen Disciplinario que habrían participado en la tramitación de esas pesquisas internas.
La jornada incluyó además registros en distintos inmuebles relacionados con personas investigadas en la causa. Los agentes acudieron al domicilio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, situado en la localidad navarra de Milagro, así como a la vivienda del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles. Asimismo, la Guardia Civil se personó en un inmueble de Madrid vinculado al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías.
En paralelo a estas actuaciones, el magistrado ha acordado la imputación de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. Todos ellos se incorporan formalmente a una investigación que ya alcanzaba a Leire Díez y al empresario Pérez Dolset.
La causa analiza posibles delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y actuaciones contra las instituciones del Estado, entre otros. El juez sospecha que pudo existir una estrategia coordinada para interferir en procedimientos judiciales abiertos contra dirigentes socialistas.
El auto judicial también menciona al expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana, sobre quien el instructor aprecia indicios de colaboración con los investigados, aunque deja pendiente concretar su eventual responsabilidad penal a medida que avance la investigación.
Respecto a Ana María Fuentes, el magistrado considera que existen indicios de una posible participación en la emisión de facturas presuntamente falsas relacionadas con los pagos investigados, además de una eventual colaboración en el resto de actuaciones bajo sospecha.
