Por Micaela Dotta.-
Imaginate que te invitan a una reunión para decidir el futuro de tus ahorros. Llegan académicos, sindicalistas, representantes del gobierno y algunos empresarios. La oposición, es decir, la mitad del país que no votó al partido de gobierno, decide no ir.
El evento se realiza igual, se llega a conclusiones, se presenta un documento y el presidente lo recibe sonriente frente a las cámaras. Y eso se llama “Diálogo Social”.
El Diálogo Social es una propuesta de campaña del Frente Amplio que generópolémica desde el origen porque los principales partidos de la oposición se negaron a participar. Pero eso no frenó nada. El 28 de abril, el presidente Yamandú Orsi recibió el documento final en el Consejo de Ministros, acompañado por el ministro Oddone y el director de la OPP, Rodrigo Arim. El acto fue solemne, prolijo, institucional. Todo lo que un proceso participativo debería ser, excepto por el detalle de que una parte enorme del sistema político decidió no participar.
El documento tiene cuatro ejes: infancia, cuidados, trabajadores activos y jubilaciones. Suena bien. Suena a política social responsable. Y en parte lo es.
Propone reforzar en un 50% las transferencias monetarias a embarazadas y niños de cero a tres años en situación de vulnerabilidad. Es la parte del menú que todos van a señalar primero. El problema aparece después, cuando llega el plato fuerte.
El plato fuerte son las AFAP — las administradoras de fondos de pensiones donde los uruguayos acumulamos nuestros ahorros jubilatorios. La propuesta concreta es que los fondos privados de pensiones sigan gestionando las inversiones pero dejen de tener contacto directo con el cliente, trasladando esa relación a un nuevo organismo estatal centralizado. El gobierno lo llama “consolidar el esquema multipilar”. La oposición lo llama estatización. El senador nacionalista Javier García dijo que el acuerdo “le pasa por arriba” a la voluntad popular. El colorado Robert Silva advirtió que se intenta avanzar “por otra vía” sobre aspectos ya rechazados por la ciudadanía.
Acá hay que parar y entender qué significa esto en cristiano. Hoy vos sabés cuánto tenés ahorrado en tu AFAP, podés llamarlos, podés reclamarles. La propuesta crea un organismo estatal intermediario que administra esa relación. Tus ahorros siguen siendo tuyos en el papel. Pero el vínculo directo entre vos y quien los gestiona desaparece. La Asociación Nacional de AFAP advirtió que el afiliado quedaría sujeto a decisiones sobre una “masa cautiva” de ahorros, sin posibilidad de elegir ni exigir directamente.
El gobierno salió a apagar el incendio. Orsi aclaró que “no está en nuestro espíritu” eliminar ni estatizar las AFAP. Oddone organizó reuniones de urgencia. Se abrió un período de 60 días de trabajo reservado con las AFAP para “buscar espacios de mejora” — lo cual, traducido, significa que la propuesta original generó tanto ruido que el gobierno necesita tiempo para ver cómo reformularla sin que parezca una retirada. El diálogo social derivó en otro diálogo. Esta vez privado. Sin cámaras. Sin documento final.
Lo que nadie dice con demasiada claridad es lo siguiente: en octubre de 2024, el PIT-CNT impulsó un plebiscito para eliminar las AFAP y estatizar el sistema previsional. La ciudadanía lo rechazó con el 59,4% de los votos. Un año después, ese mismo PIT-CNT es el interlocutor privilegiado del Diálogo Social — el proceso sin oposición que acaba de recomendar quitarle a las AFAP el contacto directo con sus clientes. No es la misma propuesta. Pero se parece bastante a llegar al mismo destino por otra ruta, más despacio y con mejor packaging.
Eso no es diálogo. Es un monólogo con pasos intermedios.
La pregunta que queda flotando, sin demasiadas respuestas oficiales, es esta: si el proceso fue tan participativo, tan plural, tan representativo — ¿por qué sus conclusiones más importantes necesitan ser renegociadas en privado apenas dos semanas después de presentarse?
