Mientras la justicia avanza en la investigación sobre el portavoz presidencial Manuel Adorni, analizando su supuesto incremento patrimonial y sus viajes oficiales, asistimos a un conocido espectáculo político. La oposición kirchnerista se rasga las vestiduras y alza la voz contra el funcionario de Javier Milei, pretendiendo dar lecciones de moralidad pública. Olvidan, con una amnesia sumamente selectiva, que su propia jefa política, Cristina Fernández de Kirchner, ya cuenta con una condena firme por administración fraudulenta y un enriquecimiento ilícito cuyos fondos deben ser devueltos a las arcas del Estado.
Esta indignación intermitente no es exclusiva de la dirigencia; se traslada con fuerza a ciertos sectores de los medios de comunicación. Los grandes titulares se concentran con exclusividad en atacar a los funcionarios del actual gobierno, mientras un manto de silencio y olvido cae sobre escandalosos casos de corrupción que involucran a altos políticos de la gestión anterior. Ante este panorama de disparidad informativa y judicial, es inevitable plantear una serie de interrogantes que exigen respuestas claras:
En primer lugar, cabe preguntarse en qué estado se encuentra la investigación por la millonaria compra de 600 camionetas para la empresa estatal AySA con un presunto sobreprecio. Dicha adquisición fue realizada bajo la gestión de Malena Galmarini, esposa del ex candidato presidencial Sergio Massa. Hasta el día de hoy, nadie ha justificado de manera sólida semejante erogación y el silencio en torno al expediente es absoluto.
En la misma línea de opacidad, es necesario reactivar el debate sobre la situación procesal de Martín Insaurralde. El exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires protagonizó en septiembre de 2023 el recordado “Yategate” en Marbella, navegando por el Mediterráneo a bordo de la lujosa embarcación “Bandido” junto a la modelo Sofía Clerici. Aunque el hecho desató una profunda crisis política y originó una causa penal por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, los avances reales parecen diluirse con el paso de los meses.
Asimismo, permanece en la sombra la causa que investiga el destino de 150 ambulancias adquiridas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre 2021 y 2022. Estas unidades, financiadas con impuestos provinciales y un millonario aporte discrecional del expresidente Alberto Fernández, terminaron abandonadas y sin uso en un predio bonaerense, constituyendo un flagrante desperdicio de recursos públicos en un área tan sensible como la salud.
Por último, el interrogante se extiende hacia el poder sindical. ¿Por qué la Justicia no avanza con la misma celeridad ante los incrementos desmesurados en los patrimonios personales de ciertos líderes gremiales? Muchos de ellos exhiben sin pudor viviendas suntuosas y automóviles de alta gama, en contraste con la realidad de los trabajadores formales e informales que padecen la falta de una defensa real de sus derechos laborales. Es sabido que, para eludir la acción judicial, estos bienes suelen registrarse a nombre de familiares, testaferros o empresas fantasmas, una ingeniería contable que dificulta probar la vinculación directa, pero que no debería ser un obstáculo insalvable para fiscales y jueces comprometidos.
A este escenario se suma el rol del periodismo militante, ese que padece de ceguera voluntaria ante los delitos de los gobiernos anteriores y ataca siempre desde una posición de supuesto “altruismo” informativo, una fachada que solo sirve a sus propios intereses.
En este lodo, vemos también casos de periodistas a quienes los lectores y la audiencia creían independientes, pero que terminan defraudando las expectativas de su público. Es el caso de Luciana Geuna, de la señal TN, quien de forma casi infantil pretendió llevar adelante una ridícula “nota de investigación” dentro de la propia Casa Rosada, provocando una situación completamente innecesaria que le resta seriedad a los informes periodísticos presentados en su programa: ¿Y mañana qué?
El análisis de estos hechos nos conduce a una conclusión tan inquietante como necesaria. La persistencia de causas paralizadas, sumada al enfoque selectivo de ciertos cronistas y medios, sugiere una preocupante realidad: la existencia de una justicia y una verdad diferentes para unos y para otros, donde la afinidad ideológica parece determinar el apuro por condenar o la garantía de la impunidad.
