Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este jueves un balance sobre la aplicación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, promulgada el pasado 19 de febrero de 2026 como parte de la estrategia gubernamental orientada a impulsar la reconciliación política y fortalecer la estabilidad institucional del país.
Durante su intervención, Rodríguez informó que el número de personas beneficiadas con medidas de excarcelación superará las 500 en las próximas horas, ampliando así la cifra inicialmente proyectada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien había adelantado la liberación progresiva de al menos 300 ciudadanos bajo criterios relacionados con edad, estado de salud y razones humanitarias.
“Sé que vamos a superar las quinientas liberaciones en las próximas horas”, expresó la mandataria encargada en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al destacar que el proceso forma parte de una política orientada a consolidar la convivencia democrática y la paz social.
La Ley de Amnistía y Convivencia Democrática fue aprobada y publicada en Gaceta Oficial el 19 de febrero de 2026 con el objetivo de facilitar mecanismos de reconciliación nacional, promover la participación política plural y favorecer la reintegración civil de personas procesadas o condenadas por hechos vinculados al ámbito político.
Entre los sectores contemplados en esta nueva fase de medidas humanitarias figuran exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana y personas detenidas relacionadas con el sector petrolero, según precisó previamente el Parlamento venezolano.
La actividad contó con la presencia de altas autoridades del Estado, entre ellas el fiscal general de la República, Larry Devoe; la defensora del pueblo, Egleé González; y el presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza.
Las autoridades sostienen que la implementación de este instrumento jurídico busca recomponer el tejido social y abrir espacios para el entendimiento político, en medio de un escenario marcado por años de confrontación institucional. Asimismo, el Ejecutivo reiteró que la aplicación de la ley responde al compromiso de las instituciones venezolanas con la estabilidad democrática y la convivencia nacional.
