Puerto Príncipe vuelve a sumirse en una profunda crisis humanitaria. Cerca de 30.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en la capital haitiana y zonas aledañas durante los últimos diez días, como consecuencia de una nueva ofensiva de violencia protagonizada por grupos armados que mantienen bajo asedio amplios sectores de la ciudad.
Los ataques se han concentrado especialmente en Cité Soleil, uno de los barrios más vulnerables de la capital, donde continúan registrándose enfrentamientos y actos de extrema violencia. En medio de este escenario, organizaciones humanitarias trabajan para asistir a miles de familias desplazadas que han perdido acceso a alimentos, refugio y servicios básicos.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó que ya distribuyó ayuda de emergencia a unas 8.500 personas que huyeron recientemente de Cité Soleil. Los suministros incluyen arroz, legumbres, aceite y harina enriquecida, productos destinados a cubrir las necesidades básicas de alimentación durante el desplazamiento forzado.
La situación también ha golpeado al sistema educativo. Nueve escuelas respaldadas por el PMA, que brindaban alimentación a cerca de 12.000 estudiantes, suspendieron temporalmente la entrega de comidas debido a la inseguridad y las dificultades operativas provocadas por la violencia.
Haití atraviesa una crisis multidimensional marcada por el deterioro económico, la pobreza estructural y la inestabilidad política que se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. A esto se suma el avance sostenido de las pandillas armadas, que actualmente tendrían bajo su control hasta el 90% de Puerto Príncipe, según estimaciones difundidas por organismos internacionales y fuentes locales.
El desplazamiento interno continúa aumentando a un ritmo alarmante. Más de 1,4 millones de personas —equivalentes a más del 12% de la población haitiana— han abandonado sus hogares en todo el país, principalmente por la violencia criminal.
Otro de los aspectos que más preocupa a las organizaciones internacionales es el incremento del reclutamiento de menores por parte de las bandas armadas. Distintos informes señalan que niños y adolescentes representarían actualmente entre el 30% y el 50% de los integrantes de algunos grupos criminales, reflejando el profundo deterioro social que atraviesa el país caribeño.
