La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con la que se busca crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE) orientado a prevenir la postulación de personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la propuesta pretende establecer un mecanismo de coordinación entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, con el objetivo de identificar perfiles de riesgo antes del registro formal de candidaturas para el proceso electoral de 2027.
La iniciativa contempla que los partidos políticos entreguen de manera voluntaria al INE los nombres de quienes aspiren a una candidatura. Posteriormente, la Comisión consultaría a instancias federales como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales analizarían si existe o no un “riesgo razonable” relacionado con posibles nexos delictivos.
Con base en los resultados de dichas consultas, la Comisión informaría a los partidos sobre la existencia o inexistencia de riesgos detectados por las autoridades. No obstante, la decisión final sobre registrar o no a una persona como candidata recaería exclusivamente en cada instituto político.
El gobierno federal subrayó que el procedimiento respetará en todo momento el principio constitucional de presunción de inocencia y que el objetivo es ofrecer información preventiva a los partidos para fortalecer los filtros internos de selección.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que la nueva Comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para periodos de tres años.
Asimismo, explicó que quienes busquen contender por un cargo de elección popular deberán otorgar su consentimiento expreso para ser evaluados por este mecanismo de verificación.
El proyecto también establece que toda la información recabada será manejada bajo criterios de confidencialidad y carácter reservado, con el fin de no vulnerar investigaciones en curso ni afectar el debido proceso.
En caso de que las autoridades detecten información relevante durante las revisiones, las dependencias competentes podrán continuar con las investigaciones correspondientes conforme a sus atribuciones legales, independientemente de la decisión política sobre la candidatura.
