WASHINGTON D.C. – En un giro inesperado de la política exterior hacia Caracas, el gobierno de Donald Trump, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha emitido dos nuevas licencias que reducen significativamente la presión económica sobre el gobierno de facto de Venezuela. Esta medida permite, por primera vez en años, el retorno de ciertas operaciones financieras estadounidenses al país caribeño.
Apertura del sistema bancario
La primera licencia emitida por el Tesoro estadounidense rompe el bloqueo a transacciones clave. Según el documento oficial, se abre la posibilidad de operar con las siguientes instituciones:
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Banco Central de Venezuela (BCV)
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Banco de Venezuela
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Banco Digital de los Trabajadores
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Banco del Tesoro
Esta disposición faculta a las instituciones financieras de Estados Unidos para prestar servicios en territorio venezolano, una práctica que hasta ahora estaba estrictamente prohibida bajo el esquema de “máxima presión”.
Contratos y nuevas negociaciones
La segunda licencia otorgada permitirá al Gobierno venezolano la negociación de “contratos contingentes”. Este paso es visto por expertos como un mecanismo para preparar el terreno ante posibles inversiones futuras, permitiendo acuerdos que entrarían en vigor bajo condiciones específicas, flexibilizando el rígido marco comercial actual.
Un escenario de contradicción y riesgo
Pese al alivio económico, la medida ha sido calificada como contradictoria por diversos sectores políticos. La decisión de Washington se produce mientras figuras centrales del chavismo, que EE. UU. considera parte de un gobierno de facto, permanecen en el poder y bajo la mira de la justicia internacional.
El factor de riesgo: Analistas internacionales subrayan que la mayor barrera para el éxito de estas licencias es la falta de seguridad jurídica en Venezuela.
La permanencia en la cúpula estatal de personajes como Diosdado Cabello, violador de derechos humanos de Vladimir Padrino López, ahora como Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, genera un clima de desconfianza. Cabe recordar que Washington mantiene vigentes millonarias recompensas por la captura de estos funcionarios, acusados de diversos delitos federales, lo que plantea una paradoja: mientras la OFAC abre la puerta a los bancos, el Departamento de Justicia mantiene las órdenes de arresto contra los aliados del régimen que controlan dichas instituciones.
