El Consejo de Ministros de España ha dado luz verde al Real Decreto que pone en marcha un proceso extraordinario de regularización administrativa destinado a miles de personas migrantes que ya residen en España de forma irregular y que no cuentan con documentación valida para permanecer legalmente en el territorio. La norma será publicada en el Boletín Oficial del Estado el miércoles 15 de abril y entrará en vigor al día siguiente, jueves 16, fecha en la que también se abrirá el periodo de presentación de solicitudes.
Desde ese mismo día, las personas interesadas podrán iniciar el trámite de forma telemática, mientras que el sistema de cita previa para la atención presencial quedará habilitado simultáneamente. La atención en oficinas está prevista a partir del 20 de abril. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de junio.
El nuevo procedimiento permitirá que personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional puedan acceder a una autorización temporal de residencia y trabajo, siempre que acrediten cumplir las condiciones establecidas. El permiso tendrá una duración inicial de un año, tras el cual los beneficiarios deberán integrarse en las vías ordinarias contempladas en el Reglamento de Extranjería, con el objetivo de facilitar su incorporación progresiva al sistema administrativo y laboral.
Entre los requisitos exigidos figura demostrar que la persona se encontraba en España antes del 1 de enero de 2026 y que ha permanecido en el país de manera continuada durante al menos cinco meses antes de presentar la solicitud. Además, será necesario carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado que el objetivo del proceso es “garantizar los derechos de las personas migrantes y dotar de seguridad jurídica al sistema”. Según explicó, el procedimiento ha sido diseñado para ser “ágil, eficaz y sin trabas” y para dar respuesta a quienes cumplan los requisitos establecidos.
El trámite podrá realizarse tanto de manera telemática —para lo cual será necesario disponer de certificado electrónico— como de forma presencial mediante cita previa. Esta última se podrá solicitar a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, utilizando el sistema Cl@ve, mediante un formulario en línea o llamando al teléfono 060.
Las solicitudes presenciales podrán formalizarse en oficinas de Extranjería, dependencias de la Seguridad Social o de la Tesorería General de la Seguridad Social —al menos una por provincia—, así como en oficinas de Correos situadas en capitales de provincia y en municipios con más de 50.000 habitantes. Las oficinas habilitadas de Extranjería y Seguridad Social atenderán estos trámites de lunes a viernes entre las 16:00 y las 19:00 horas, mientras que las oficinas de Correos lo harán en horario de 08:30 a 17:30.
Una vez comunicado el inicio del procedimiento administrativo, el solicitante quedará automáticamente habilitado para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector de actividad. Además, se le asignará un número personal de la Seguridad Social. En caso de resolución favorable, el beneficiario dispondrá de un mes para solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
El proceso contempla además medidas específicas de protección para los menores de edad, quienes podrán obtener una autorización de residencia con una vigencia de cinco años. Asimismo, se permitirá tramitar de forma conjunta las solicitudes de los miembros de una misma unidad de convivencia en una sola cita.
Para acreditar la permanencia en España, los solicitantes podrán presentar documentos públicos o privados —o una combinación de ambos— que incluyan datos personales identificativos y estén fechados. En el caso de personas en situación administrativa irregular, además deberán demostrar alguno de estos supuestos: haber trabajado legalmente por cuenta propia o ajena en España, disponer de una unidad familiar con hijos menores, personas con discapacidad o ascendientes de primer grado, o acreditar una situación de vulnerabilidad.
En este último caso, será necesario presentar un certificado específico que deberá ser validado por servicios sociales o por entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX).
El Ministerio también prevé un acompañamiento institucional durante todo el proceso. Profesionales de la abogacía especializados en extranjería, así como graduados sociales y gestores administrativos, podrán asesorar y representar a los solicitantes. Además, se desarrollarán sesiones técnicas en colaboración con el Consejo General de la Abogacía para garantizar una aplicación rigurosa del procedimiento.
Junto a ello, sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro con experiencia acreditada en el acompañamiento a personas extranjeras se han incorporado al Registro de Colaboradores de Extranjería. Estas entidades podrán prestar apoyo y asesoramiento gratuito a quienes deseen acogerse al proceso de regularización.
