El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) emitió una polémica resolución en la que declara como “arbitraria” la detención del expresidente peruano Pedro Castillo, solicitando su liberación “inmediata” y una indemnización económica. El panel de expertos independientes de la ONU cuestionó el proceso judicial en contra del exmandatario, advirtiendo presuntas violaciones a sus derechos y criticando la supuesta ausencia de garantías legales durante su arresto.
La decisión ha generado una fuerte ola de indignación y críticas en diversos sectores, donde se acusa a los organismos de la ONU de mantener una visión sesgada de la realidad internacional. Críticos de la resolución señalan que, existiendo crisis humanitarias y detenciones en flagrante violación de los derechos humanos en el mundo, el grupo de trabajo decida enfocarse de manera prioritaria en defender a un expresidente que intentó perpetrar un autogolpe de Estado en Perú el pasado 7 de diciembre de 2022, desconociendo las instituciones democráticas y pretendiendo gobernar al margen de la Constitución.
Para analistas y ciudadanos, los hechos delictivos cometidos por Castillo —transmitidos en televisión nacional— constituyeron un intento evidente de quebrar el orden democrático, lo que levanta cuestionamientos sobre los criterios y las “pruebas” que estos supuestos expertos de la ONU necesitan para reconocer un golpe de Estado.
Sin efectos jurídicos en el derecho interno
En el ámbito legal peruano, el pronunciamiento carece de la fuerza jurídica que pretenden otorgarle los defensores del exmandatario. En entrevista con Perú21 TV, el reconocido abogado constitucionalista peruano Aníbal Quiroga descartó rotundamente que este informe de la ONU pueda tener un impacto real en la situación jurídica de Castillo, aclarando que se trata de un pronunciamiento no vinculante para el Estado peruano.
“La opinión de este grupo de trabajo no obliga al sistema de justicia de nuestro país ni tiene carácter vinculante”, precisó Quiroga.
Asimismo, el constitucionalista desestimó de forma tajante que este documento pueda ser utilizado como sustento para un eventual indulto presidencial a favor de Castillo. Quiroga explicó que la figura del indulto responde a bases y prerrogativas constitucionales estrictamente internas que distan por completo de los argumentos y las competencias que plantea el informe del panel de la ONU.
Con esto, las instituciones de justicia en el Perú ratifican la soberanía de los tribunales nacionales frente a las recomendaciones de comités internacionales de carácter meramente consultivo y que actúan en forma sesgada.
