BUENOS AIRES – En un giro determinante para una de las causas de corrupción más sensibles de los últimos años, el juez federal Ariel Lijo levantó este viernes el secreto de sumario sobre la investigación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Tras tres postergaciones, el expediente revela una trama sistémica de pedidos de sobornos en dólares a cambio de autorizaciones para importar durante la gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
La investigación ya no solo se centra en maniobras financieras con el “dólar blue”, sino que pone la lupa sobre los engranajes del Ministerio de Economía y el Banco Central (BCRA) entre 2022 y 2023.
El “Peaje” de la Importación: 15% en mano
Según consta en el expediente liderado por el fiscal Franco Picardi, la organización funcionaba mediante intermediarios que exigían retornos de entre el 10% y el 15% del valor FOB de la importación. A cambio de este pago —exigido estrictamente “en billete” (dólares en efectivo)—, las empresas lograban:
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Aprobación exprés: Autorización de las licencias SIRA en menos de 48 horas.
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Acceso preferencial: Entrada inmediata al Mercado Libre de Cambios (dólar oficial) en un contexto de extrema escasez de reservas.
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Caja política: Se sospecha que el esquema movilizó al menos US$ 900 millones, con fondos que habrían terminado en manos de los denominados “cajeros del PJ”.
Allanamientos y nombres clave
La prueba reina que precipitó estas medidas surgió de la pericia al celular de Martín Migueles, exsocio del financista Elías Piccirillo. En dicho dispositivo se habrían hallado chats y registros detallados de los movimientos de dinero y las gestiones ante organismos oficiales.
La conexión estatal: Aduana, Comercio y BCRA
La causa, que cobró visibilidad masiva tras un informe de Jonatan Viale en el programa ¿La ves? (TN), señala una “connivencia necesaria” de funcionarios públicos. La mira está puesta en:
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Cinco funcionarios del Banco Central que habrían facilitado la salida de divisas.
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Exintegrantes de la Secretaría de Comercio y la Aduana, responsables de la aprobación técnica de los formularios.
“Se investiga un esquema de recaudación que funcionaba como un embudo: si no pasabas por los intermediarios y pagabas la comisión, el sistema te bloqueaba de forma permanente”, indican fuentes del hecho.
Origen de la denuncia
El caso estalló en julio del año pasado a raíz de un pendrive aportado por un expolicía arrepentido. El dispositivo contenía audios y grabaciones que describían con precisión quirúrgica cómo se pactaban las coimas y quiénes eran los encargados de retirar los bolsos con divisas en las cuevas de la City porteña.
Con el secreto de sumario levantado y más de 30 allanamientos ejecutados, el juez Lijo y el fiscal Picardi avanzan ahora sobre el patrimonio de los involucrados, habiendo ordenado ya el levantamiento del secreto bancario y fiscal de todos los sospechosos.
