El debate en torno a la Ley de propiedad privada y la Ley de Tierras en Argentina ha vuelto a encender la pirotecnia verbal de un sector político acostumbrado a embanderarse en la “defensa de la soberanía nacional”. Quienes hoy cortan calles y acusan al Gobierno nacional de “entregar la patria” despliegan una indignación tan vehemente como selectiva. Porque la historia reciente demuestra que no les molesta la acumulación masiva de territorio ni el control privado de recursos estratégicos; lo único que les importa es quién tiene la escritura en la mano.
El caso expuesto con crudeza por el periodista Jony Viale sobre el patrimonio de Lázaro Báez echa por tierra cualquier relato ético de la oposición. A través del Grupo Austral, el empresario predilecto del kirchnerismo y sus hijos llegaron a acaparar la escalofriante cifra de 427.000 hectáreas en la provincia de Santa Cruz. No se trata de una figura retórica: es casi medio millón de hectáreas de suelo patagónico concentradas en una sola familia amparada por la sombra del poder político. Mientras ese feudo se construía en absoluto silencio, ninguno de los defensores del suelo patrio levantó una sola pancarta ni denunció la pérdida de soberanía.
El doble estándar no se agota en el sur. Hacia el norte, el fenómeno se repite con otros actores de gran calado en la política y los negocios. Es el caso de José Luis Manzano e Integra Capital, cuyos brazos corporativos como Integra Lithium han acumulado vastísimas concesiones mineras en zonas clave de Jujuy, Catamarca y La Rioja, ricas en recursos críticos como litio, cobre y níquel.
Resulta irónico que un personaje recordado por la célebre frase de su época como funcionario —”Yo robo para la corona”— sea hoy uno de los mayores detentadores de derechos sobre recursos energéticos y suelo estratégico en el país, sin que las huestes anti-latifundistas emitan un solo reclamo. La acumulación en manos de amigos del poder se tolera, se asimila y se silencia; la apertura del mercado y la certeza jurídica para el capital privado, en cambio, se tildan de “traición a la patria”.
El discurso de la soberanía se cae a pedazos frente a los datos duros. A los manifestantes y a la oposición no les molesta que se tomen tierras, que se extranjericen recursos de forma encubierta o que unos pocos elegidos se adueñen de provincias enteras. Les molesta que las reglas del juego sean transparentes, libres e iguales para todos, porque eso liquida el negocio del privilegio político. La soberanía no se defiende protegiendo feudos ni militando el silencio cómplice; se defiende con ley, propiedad privada e igualdad ante la justicia.
