La división de poderes no es una mera formalidad académica ni un capricho teórico de Montesquieu; es la columna vertebral de cualquier república democrática digna de ese nombre. Cuando las fronteras entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se vuelven porosas, la confianza ciudadana en las instituciones se derrumba. Lo ocurrido recientemente en Brasilia marca un hito preocupante en este proceso de degradación institucional, evidenciando una promiscuidad política que ya ni siquiera se molesta en guardar las formas.
La noticia de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, reanudaron el diálogo tras meses de distanciamiento no tendría por qué encender las alarmas si se hubiera tratado de un encuentro oficial en el Palacio de Planalto o en el Congreso. Sin embargo, el escenario y los anfitriones elegidos cambian por completo la naturaleza del hecho: la reunión tuvo lugar un martes por la noche en la residencia privada del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, y contó con la participación activa de otro magistrado de la alta corte, Cristiano Zanin.
Que dos jueces de la máxima instancia judicial de un país actúen como articuladores políticos y mediadores de la gobernabilidad entre la Presidencia y el Senado es una anomalía inaceptable. ¿Qué atribución constitucional le otorga al Poder Judicial el rol de componedor de mayorías parlamentarias o de facilitador de la agenda del Ejecutivo? La respuesta es contundente: ninguna.
El cuadro se vuelve aún más complejo al analizar el perfil de los actores involucrados:
-
Cristiano Zanin: Ocupa un sillón en el STF tras ser nominado directamente por el propio Lula, de quien fue abogado defensor personal en los procesos judiciales más críticos del mandatario.
-
Alexandre de Moraes: Se ha consolidado como la figura más relevante y controvertida del tablero judicial brasileño, al liderar las investigaciones de mayor impacto político contra el expresidente Jair Bolsonaro y su entorno.
-
Gestos previos: Pocos días antes de este encuentro, el propio Lula había invitado a Moraes a tomar un café en un tono informal “para conversar”, profundizando una dinámica de cercanía que acrecienta las suspicacias.
Estrategia deliberada: el antecedente del Foro de São Paulo
Esta convergencia entre el poder político y la magistratura no parece un hecho aislado ni fruto de la mera casualidad coyuntural, sino la ejecución de una hoja de ruta de largo aliento. Para comprender el trasfondo ideológico y estratégico de estos movimientos, es necesario remitirse al documento base del XVIII Encuentro del Foro de São Paulo, celebrado en Managua (Nicaragua) en 2017. En aquel manifiesto se trazó de manera explícita la estrategia para la consolidación del poder regional:
“La izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación. La izquierda debe aprovechar las jornadas electorales como tribuna para denunciar a la derecha y posicionar su proyecto. Utilizando no solamente lo que pasa en cada país, sino lo que pasa en el resto del mundo, ya sea a nuestro favor o cuestionando al imperialismo”.
Lo que se observa hoy en Brasil encaja con precisión quirúrgica en los postulados de Managua. La cooptación o neutralización del Poder Judicial es clave para garantizar la permanencia y protección del proyecto político, transformando a los tribunales de contrapesos institucionales en instrumentos de articulación e inmunidad.
La erosión del estado de derecho
Cuando los jueces encargados de arbitrar las garantías constitucionales se sientan a negociar pactos políticos en la penumbra de un comedor privado, la imparcialidad del Poder Judicial deja de ser una garantía republicana para convertirse en una ficción. La ciudadanía y la oposición tienen todo el derecho a preguntarse: ¿qué se ofreció o qué se garantizó a cambio en esa mesa? ¿Cómo puede un magistrado mantener la neutralidad necesaria para juzgar actos del Ejecutivo o causas parlamentarias cuando acaba de actuar como el “puente político” del gobierno?
Brasil atraviesa un periodo de profunda polarización donde la legitimidad de sus tribunales está bajo la lupa constante. En este contexto, la imparcialidad no solo debe ejercerse, sino también parecerse. Al asumir abiertamente el papel de operadores políticos, Moraes y Zanin no solo comprometen su propia investidura, sino que exponen al Supremo Tribunal Federal a un desgaste irreparable.
La política le corresponde a los representantes electos; la justicia, a los jueces. Cuando ambos roles se confunden intencionadamente, la democracia pierde sus pesos y contrapesos, y la justicia se transforma, inexorablemente, en un apéndice de la coyuntura del poder.
