El Senado chileno aprobó este martes el último artículo pendiente de la denominada megarreforma tributaria y económica impulsada por el Gobierno del presidente José Antonio Kast, cerrando así la etapa legislativa del proyecto tras respaldar el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias entre ambas cámaras del Congreso.
La votación se resolvió con 27 votos a favor, 22 en contra y una inhabilitación, resultado que permitió zanjar uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa: el mecanismo de compensación para las municipalidades que dejarán de percibir recursos debido a la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de las personas mayores de 65 años.
Aunque el resto del articulado ya había sido aprobado semanas atrás, la iniciativa todavía no culmina completamente su tramitación. El Ejecutivo anunció que presentará vetos sobre algunas modificaciones impulsadas por la oposición, mientras que el Tribunal Constitucional mantiene pendientes de resolución diversos requerimientos que cuestionan aspectos centrales de la reforma, entre ellos la denominada invariabilidad tributaria para grandes inversiones.
Durante el debate parlamentario, senadores oficialistas y de oposición confrontaron posiciones sobre la fórmula de distribución de los recursos destinados a compensar a los municipios. Uno de los principales cuestionamientos apuntó a que los fondos se asignen de manera uniforme entre las comunas, sin considerar las diferencias en sus niveles de ingresos ni en sus características socioeconómicas.
La sesión fue seguida desde las tribunas por alcaldes y alcaldesas de oposición, quienes manifestaron preocupación por el eventual impacto financiero que tendrá la eliminación parcial de las contribuciones en los presupuestos municipales. En el debate también se realizaron reservas de constitucionalidad respecto del proyecto, mientras que el senador Fidel Espinoza se inhabilitó de participar en la votación.
Como parte del acuerdo alcanzado, el Gobierno estableció un mecanismo de compensación que contempla la entrega anual de 110 mil millones de pesos al Fondo Común Municipal y otros 80 mil millones distribuidos directamente entre las municipalidades. Los montos serán calculados cada año por el Servicio de Impuestos Internos y posteriormente informados a la Dirección de Presupuestos y a la Tesorería General de la República para concretar las transferencias.
No obstante, las comunas deberán cumplir determinadas condiciones para acceder a estos recursos. Entre ellas, mantener actualizada la información sobre su personal ante la Dirección de Presupuestos y acreditar una reducción de al menos un 30 % en los tiempos de tramitación de permisos municipales respecto de los registros observados entre 2023 y 2025.
La reforma también incorpora nuevas herramientas para fortalecer la recaudación municipal. Las municipalidades deberán remitir anualmente a la Tesorería el listado de contribuyentes morosos por derechos de aseo, lo que permitirá iniciar procesos de cobranza administrativa y judicial. Además, el organismo podrá otorgar facilidades de pago, condonar intereses y multas cuando corresponda e incluso retener devoluciones de impuestos de quienes mantengan deudas por patentes municipales o derechos de aseo.
El eje principal de la reforma económica sigue siendo la reducción del impuesto corporativo desde el 27 % al 23 %, medida que se complementa con incentivos tributarios para la adquisición de viviendas, beneficios para la repatriación de capitales y un régimen de estabilidad tributaria destinado a grandes proyectos de inversión, disposiciones que han generado un intenso debate político y jurídico durante toda su tramitación.
