El reclamo diplomático presentado por el Gobierno de Brasil ante la representación argentina —motivado por el paso de Flávio Bolsonaro por la provincia de Misiones con destino al exterior— ha querido instalar la idea de una complicidad o colaboración directa por parte de la administración del presidente Javier Milei. Sin embargo, este relato omite un principio elemental del funcionamiento de la República Argentina: la separación de poderes.
Quien dictaminó y certificó la plena legalidad de la circulación del senador brasileño no fue el Poder Ejecutivo ni la Casa Rosada, sino la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, un órgano que forma parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación y que goza de total independencia institucional y funcional respecto del gobierno de turno.
Fue la actuación judicial de esta fiscalía subrogante la que analizó los hechos y determinó formalmente que:
-
Inexistencia de delito: No se cometió ningún ilícito en la jurisdicción de Puerto Iguazú que justificara una causa penal.
-
Cumplimiento estricto del derecho: Tras constatar los registros de la Dirección Nacional de Migraciones y consultar con Interpol, se verificó que Bolsonaro contaba con plena aptitud documental y no registraba ninguna orden de captura ni restricción judicial para circular.
-
Archivo de actuaciones: Al no existir impedimento legal de ningún tipo, el fiscal procedió al archivo de la causa en apego estricto a las leyes argentinas.
Pretender que la Casa Rosada o el presidente Milei debieron intervenir para frenar el tránsito de un ciudadano que no tenía impedimentos legales vigentes hubiese significado exigir al Ejecutivo una injerencia ilegal sobre las atribuciones del Poder Judicial y de los organismos de control. En un Estado de derecho, los gobiernos no detienen ni liberan personas a discreción o conveniencia política; son los jueces y fiscales quienes aplican la ley.
Esta distinción vuelve aún más inconsistente la “incomodidad” manifestada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La citación en el Palacio de Itamaraty confunde deliberadamente una decisión técnico-jurídica tomada por una fiscalía independiente con una postura del Gobierno argentino.
¿En Brasil hay independencia de poderes?
El contraste con la política exterior del propio Lula es ineludible: cuando Brasilia otorgó asilo a la exprimera dama de Perú, Nadine Heredia —investigada por corrupción en la causa Odebrecht y con requerimientos de la justicia de su país—, la decisión provino directamente del Poder Ejecutivo brasileño. En el caso argentino, en cambio, la actuación se mantuvo estrictamente en el fuero judicial autónomo. Exigir que Argentina viole la independencia de sus instituciones para satisfacer expectativas ideológicas ajenas no solo es inapropiado, sino que demuestra un evidente doble rasero diplomático.
