El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió sobre la compleja situación que enfrenta el sistema penitenciario hondureño debido al hacinamiento y llamó al Estado a adoptar medidas que permitan garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y evitar que se repitan tragedias ocurridas en centros penales del país.
En este contexto, el delegado adjunto del CONADEH, Ricardo López, recordó que la privación de libertad no implica la pérdida de los demás derechos fundamentales. Explicó que, salvo la restricción de la libre circulación, las personas recluidas mantienen derechos como el acceso a alimentación y atención sanitaria, además del contacto con sus representantes legales.
López sostuvo que el cumplimiento de las condenas debe realizarse dentro del marco de la legislación y con pleno respeto a los derechos humanos. En ese sentido, señaló que el CONADEH no cuestiona que quienes sean encontrados responsables de delitos reciban las sanciones correspondientes, sino que insiste en que el Estado debe garantizar condiciones dignas durante el cumplimiento de las penas.
El funcionario advirtió además que una eventual vulneración de derechos humanos podría derivar en responsabilidades internacionales para Honduras, por lo que consideró indispensable que las autoridades adopten medidas preventivas frente a las condiciones existentes en las cárceles.
Uno de los principales focos de preocupación es la sobrepoblación. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario correspondientes a septiembre de 2026, el país tenía 19.274 personas privadas de libertad para una capacidad total de 17.831 plazas, lo que supone un déficit de 1.443 espacios.
La situación, sin embargo, no es uniforme. Algunos establecimientos presentan niveles de ocupación considerablemente superiores a su capacidad. El centro penitenciario de Morocelí, en el departamento de El Paraíso, alberga a 1.826 personas pese a disponer de 1.332 plazas, mientras que el recinto de El Progreso, en Yoro, tiene 1.069 internos para una capacidad de apenas 600.
También se registran niveles importantes de sobrepoblación en Olanchito, con 370 personas por encima de su capacidad; Danlí, con 297, y Támara, cuya infraestructura permite albergar a 5.400 personas y presenta una sobrepoblación de 252 internos.
Para el CONADEH, estas condiciones representan un riesgo que trasciende la falta de espacio físico, debido a sus consecuencias sobre la seguridad, la integridad personal y la dignidad de quienes permanecen recluidos. López recordó que el hacinamiento ha estado vinculado históricamente a situaciones críticas en las cárceles hondureñas, incluidos incendios y pérdidas de vidas humanas.
Ante este escenario, existe una comisión integrada por representantes del Poder Ejecutivo, jueces de ejecución, la Defensa Pública y el propio CONADEH, cuyo objetivo es contribuir a descongestionar el sistema penitenciario. Entre las alternativas se encuentra la revisión de casos de personas que permanecen bajo prisión preventiva y que eventualmente podrían acceder a medidas cautelares distintas a la privación de libertad, cuando la legislación lo permita.
El delegado adjunto insistió en que cualquier política penitenciaria debe considerar tanto la seguridad pública como la protección de los derechos fundamentales. El objetivo, sostuvo, es evitar que las condiciones de reclusión deriven en nuevos episodios de violencia o emergencias dentro de los centros penales.
Las estadísticas penitenciarias también muestran una elevada carga sobre el sistema judicial. Durante los primeros nueve meses de 2026 fueron condenados 10.843 hombres y mujeres, mientras que otros 7.944 permanecían procesados. Entre los extranjeros privados de libertad, 68 personas habían sido condenadas y otras 88 se encontraban en proceso judicial.
