El Senado chileno concluyó durante la madrugada la tramitación en particular del proyecto de ley sobre reconstrucción nacional y desarrollo económico y social, aprobando una serie de disposiciones consideradas centrales para la reforma impulsada por el Ejecutivo. La sesión finalizó a las 2:40 horas, luego de una extensa jornada legislativa en la que las y los senadores analizaron y votaron el articulado de la iniciativa.
Con discusión inmediata, el proyecto será remitido nuevamente a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite constitucional. Si la Cámara Baja ratifica las modificaciones introducidas por el Senado, la iniciativa quedará en condiciones de ser promulgada como ley. En caso contrario, las diferencias deberán resolverse mediante una Comisión Mixta.
Uno de los puntos de mayor debate fue la reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas. Pese a los cuestionamientos de parte de la oposición, que advirtió que la medida no garantiza un aumento de la inversión ni del crecimiento económico, la disposición fue aprobada por 26 votos a favor y 24 en contra. La norma establece una disminución progresiva de la tasa desde el actual 27% hasta un 23% permanente a partir del año comercial 2029, contemplando una tasa de 25,5% en 2027 y de 24% en 2028.
Con la misma votación, la Sala también dio luz verde a la reintegración gradual del sistema tributario para las grandes empresas, respaldando el texto despachado previamente por la Comisión de Hacienda.
Otro de los artículos que generó un intenso intercambio fue la exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años que cumplan los requisitos establecidos en la ley. La propuesta fue aprobada por 28 votos a favor y 22 en contra, aunque durante la discusión se presentaron reparos sobre su constitucionalidad. La senadora Yasna Provoste dejó constancia de una reserva en esa materia.
Durante la sesión, el Ejecutivo presentó una fórmula de compensación para enfrentar el impacto de esta medida en los ingresos municipales. La Sala respaldó la compensación al Fondo Común Municipal, aunque no prosperó la propuesta destinada a compensar directamente a los municipios.
El Senado también aprobó la restitución de gastos a empresas cuyos proyectos de inversión hayan sido revocados mediante una Resolución de Calificación Ambiental. La disposición fue respaldada por 26 votos a favor y 24 en contra, pese a las críticas de parlamentarios que calificaron la medida como inédita y jurídicamente cuestionable. Los senadores Alfonso De Urresti, Claudia Pascual y Diego Ibáñez formularon reservas de constitucionalidad respecto de este punto.
En la misma línea, la Sala aprobó el régimen de invariabilidad tributaria con 26 votos favorables, 23 en contra y una abstención. La normativa fija estabilidad en las condiciones impositivas por períodos de 10, 15 y hasta 20 años, dependiendo del monto de la inversión comprometida, además de establecer una tasa corporativa de 1,5% para las empresas que opten por este mecanismo.
El proyecto incorpora además diversas modificaciones en materias regulatorias, entre ellas cambios vinculados a la relocalización de concesiones acuícolas y su evaluación ambiental, la reducción de los plazos para invalidar actos administrativos y nuevas facultades para que la Dirección de Presupuestos acceda a información del Ministerio de Desarrollo Social.
Asimismo, el Senado respaldó una indicación impulsada por el Frente Amplio que elimina la obligación exclusiva de las empresas con 20 o más trabajadoras de otorgar el beneficio de sala cuna, ampliando el alcance de esa normativa. También fue aprobada una disposición que prohíbe el cobro de intereses sobre intereses. En ambos casos, el ministro Quiroz anunció reservas de constitucionalidad, argumentando que las materias exceden las ideas matrices del proyecto.
La Sala también ratificó una norma relacionada con el denominado “derecho al olvido financiero”, impulsada por la senadora Daniella Cicardini. La iniciativa obliga a eliminar de los registros de información comercial los antecedentes sobre deudas impagas o extinguidas de personas naturales una vez que estas hayan prescrito o sido pagadas. Tras su aprobación, el Ejecutivo volvió a manifestar reparos constitucionales.
El cierre de la discusión dejó en evidencia la estrecha división existente en torno a varios de los principales ejes de la reforma, así como el escenario de controversia jurídica que podría abrirse en las próximas semanas con la presentación de diversos requerimientos ante el Tribunal Constitucional, mientras el proyecto enfrenta su última etapa de tramitación en el Congreso.
