El Senado chileno aprobó el proyecto de ley que autoriza al Gobierno Central a incrementar su capacidad de endeudamiento durante 2026 en hasta US$6.200 millones, iniciativa que quedó lista para su promulgación tras obtener el respaldo mayoritario de la Cámara Alta. La propuesta fue visada con 28 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
La medida busca ajustar el límite de endeudamiento establecido originalmente en la Ley de Presupuestos 2026, con el objetivo de responder a las necesidades de financiamiento que enfrenta el Estado y garantizar el cumplimiento de compromisos fiscales ya adquiridos.
Durante la discusión parlamentaria, el presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, explicó que el proyecto fue analizado tanto en general como en particular por la instancia legislativa, donde recibió respaldo mayoritario. El senador señaló que el debate estuvo centrado en las observaciones formuladas por el Consejo Fiscal Autónomo en su informe semestral, especialmente respecto de la trazabilidad de algunas modificaciones presupuestarias y la metodología utilizada para calcular la presión del gasto público, antecedentes considerados clave para justificar el monto del endeudamiento solicitado.
En el marco de la discusión, Macaya sostuvo que el foco debía estar puesto en resolver la situación financiera actual del Estado, más que en revisar las decisiones que condujeron al escenario fiscal vigente.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el proyecto argumentando que se trata de una decisión indispensable para una administración responsable de las finanzas públicas. Según explicó, la iniciativa no implica redefinir el tamaño del Estado, modificar prioridades de gasto ni alterar los límites de deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, sino responder a un contexto fiscal distinto al previsto cuando se aprobó el presupuesto vigente.
Las bancadas oficialistas respaldaron el aumento del endeudamiento señalando que el Gobierno recibió una situación financiera compleja y que los recursos permitirán cubrir obligaciones ya devengadas, evitando afectar el funcionamiento del Estado. Al mismo tiempo, reconocieron que el desafío de fondo sigue siendo fortalecer el crecimiento económico y mejorar la capacidad del país para financiar sus compromisos mediante un ordenamiento más sólido de las cuentas públicas.
Pese al apoyo mayoritario, varios parlamentarios enfatizaron que el respaldo al proyecto no responde a una valoración positiva del escenario fiscal, sino a la necesidad de actuar con responsabilidad frente a las obligaciones del Estado.
La oposición, en tanto, manifestó reparos tanto de carácter económico como constitucional. Entre las críticas, algunos legisladores cuestionaron la coherencia de solicitar un mayor endeudamiento mientras el Ejecutivo impulsa reformas tributarias que, a su juicio, beneficiarían a los sectores de mayores ingresos. Asimismo, advirtieron que la iniciativa podría presentar observaciones respecto de la delegación de facultades contemplada en la Constitución, solicitando que la Contraloría General de la República revise ese aspecto durante el proceso de toma de razón de los decretos que se dicten en virtud de la nueva ley.
El debate también estuvo marcado por cuestionamientos sobre la política de austeridad fiscal, la evolución del gasto público y el incremento de remuneraciones de algunas autoridades, temas que diversos senadores plantearon como parte del análisis sobre la sostenibilidad de las finanzas del Estado.
