La Comisión de Hacienda del Senado de Chile aprobó, tanto en general como en particular, el proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República a contraer obligaciones adicionales por hasta US$6.200 millones durante 2026, recursos destinados a cubrir compromisos contemplados en la Ley de Presupuestos vigente. La iniciativa avanzó con tres votos a favor y dos en contra, quedando ahora en condiciones de ser discutida por la Sala.
El proyecto fue analizado durante dos sesiones en las que expusieron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, quienes coincidieron en que la solicitud de endeudamiento responde al deterioro de las cuentas fiscales respecto de las proyecciones consideradas al aprobar el Presupuesto 2026.
Durante el debate, senadores oficialistas y de oposición manifestaron inquietudes sobre el impacto de los recortes presupuestarios, la continuidad de beneficios sociales y la necesidad de asegurar los recursos comprometidos por el Estado. También surgieron cuestionamientos respecto de los supuestos utilizados en la elaboración del presupuesto y la responsabilidad de la administración anterior en la situación financiera actual.
El ministro Quiroz defendió la iniciativa señalando que el Presupuesto 2026 fue aprobado sin contemplar la totalidad de los gastos requeridos para su ejecución. En ese contexto, explicó que el nuevo margen de endeudamiento busca cubrir ese déficit de financiamiento y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales comprometidas.
Desde el Consejo Fiscal Autónomo, en tanto, se respaldó el diagnóstico sobre el aumento de las necesidades de financiamiento, aunque se insistió en la importancia de adoptar medidas que permitan recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas. La presidenta del organismo advirtió que las proyecciones sitúan la deuda bruta entre un 43,1% y un 43,6% del Producto Interno Bruto durante 2026, acercándose al umbral prudente del 45% establecido por la regla fiscal.
Benavides alertó que una deuda pública más elevada implica mayores costos por concepto de intereses, puede generar presiones sobre las tasas de interés y reducir el margen de acción del Estado frente a eventuales crisis económicas o emergencias. Por ello, sostuvo que el avance del proyecto debe ir acompañado de una estrategia sostenida de consolidación fiscal que permita estabilizar la deuda por debajo del límite considerado prudente.
Con la aprobación en la Comisión de Hacienda, el proyecto inicia ahora su última etapa legislativa antes de convertirse en ley, en una discusión marcada por la necesidad de equilibrar el financiamiento del gasto público con el resguardo de la estabilidad fiscal del país.
