Lo ocurrido en Ceuta no admite eufemismos ni matices burocráticos: fue una invasión en toda regla contra el territorio nacional español. La entrada violenta y masiva de miles de migrantes ilegales constituyó un vasallaje directo a la soberanía de España, rompiendo fronteras y sembrando el caos en una ciudad autónoma que quedó completamente desprotegida frente a la masa invasora. Negar esta realidad no es un acto de prudencia; es un ejercicio de cinismo político y ceguera institucional.
La realidad de los hechos: desmanes, delitos y terror ciudadano
Durante los graves sucesos en Ceuta, la población local no asistió a un evento de ayuda humanitaria, sino a una auténtica avalancha que quebrantó la paz social y la seguridad ciudadana. Los desmanes cometidos por quienes entraron a la fuerza en territorio español dejaron un rastro innegable de delincuencia e impunidad:
-
Asalto a comercios y abastecimiento: Se registraron saqueos y ataques violentos contra supermercados y establecimientos locales, sembrando el descontrol en las calles.
-
Graves delitos sexuales y violencia: Se denunciaron gravísimos episodios de violencia, incluyendo agresiones y violaciones a menores marroquíes por parte de integrantes de la propia masa invasora.
-
El confinamiento del miedo: La población de Ceuta se vio obligada a encerrarse en sus propios hogares, atemorizada ante la imposibilidad de transitar de forma segura frente a decenas de miles de personas que tomaron las calles de forma ilícita.
Frente a este escenario de emergencia nacional y vulneración de los derechos de los ciudadanos españoles, la respuesta del Estado debió ser el despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas y la expulsión fulminante de cada uno de los infractores.
Un Ministerio que prioriza al invasor sobre el compatriota
Lejos de defender a los ciudadanos arrollados por esta crisis, el Ministerio de Igualdad, encabezado por la socialista Ana Redondo García, ha decidido tomar partido por los victimarios. En lugar de velar por las familias de Ceuta que sufrieron el acoso y la inseguridad en sus propios barrios, el departamento ministerial ha volcado sus recursos e instituciones en la defensa de quienes violaron las leyes de migración y la soberanía del país.
La prioridad de la ministra Redondo no ha sido exigir responsabilidades por los delitos cometidos en suelo español, sino fiscalizar y perseguir a los representantes políticos que señalan la gravedad de lo ocurrido.
Persecución a la verdad: El ataque a la oposición parlamentaria
La decisión de remitir un oficio a la Fiscalía para investigar al diputado de VOX, José María Figaredo, acusándolo de un supuesto delito de odio por emplear términos como “invasión” y exigir la devolución inmediata mediante la actuación del Ejército, constituye un ataque directo a la libertad de expresión y a la defensa de las fronteras.
Llamar a las cosas por su nombre no es incitar al odio; es describir una agresión territorial. Exigir la intervención del Ejército para “cazar” o “pescar” a los infractores —es decir, localizarlos y devolverse inmediatamente a Marruecos uno a uno— es el cumplimiento estricto del deber de custodia de las fronteras nacionales.
Al pretender judicializar el discurso de la oposición, el Ministerio de Igualdad busca imponer un relato oficial que penaliza la defensa de la patria y normaliza la entrada ilícita.
Conclusión: La inversión de los deberes del Estado
El Estado de derecho se desmorona cuando las instituciones públicas persiguen con contundencia las palabras de los diputados mientras muestran una complacencia absoluta ante la delincuencia internacional y el asedio a las fronteras. La seguridad de los españoles en Ceuta fue abandonada, y el Ministerio de Igualdad ha dejado claro que, en su escala de valores, la ideología de fronteras abiertas prima sobre el derecho inalienable de los españoles a vivir seguros en su propio país.
Lo que dice en una parte el comunicado del Ministerio de Igualdad, negando la invasión a Ceuta
El Ministerio de Igualdad, a través de la dirección general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, ha remitido un oficio a la Fiscalía para que investigue las declaraciones realizadas en varias entrevistas por el secretario general del grupo parlamentario Vox en el Congreso, José María Figaredo, sobre los migrantes llegados a Ceuta.
En sus afirmaciones, Figaredo ha hecho varios llamamientos a la “caza y pesca” de las personas migrantes, y ha insistido en calificar como “invasión” esa llegada. Por ello, se solicita al Ministerio Fiscal que estudie si esas declaraciones podrían ser constitutivas de un delito de odio, previsto en el artículo 510 del Código Penal. Además, se ha dado traslado de toda esta información a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación para que, en el ámbito de sus competencias, pueda actuar ante estas declaraciones. Precisamente, esta figura tiene como objetivo velar por las víctimas de discriminación ofreciendo asistencia, orientación e incluso pudiendo emprender acciones judiciales, si fuese necesario.
