La reciente decisión del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil de condenar al exdiputado Eduardo Bolsonaro a un año de prisión y a una multa de R$ 80.000 ha vuelto a encender las alarmas sobre la verdadera independencia del máximo órgano judicial del país. Lejos de actuar como un árbitro imparcial y garante de la Constitución, la cúpula judicial brasileña proyecta una imagen cada vez más alineada con las dinámicas e intereses políticos del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y su coalición.
El fallo, resuelto en una sesión plenaria virtual por una mayoría de 7 votos contra 3, sanciona a Bolsonaro por publicaciones en redes sociales realizadas en octubre de 2021 respecto a la diputada de ultraizquierda Tabata Amaral. En aquel momento, ejerciendo su mandato parlamentario, el opositor sugirió que la promoción de un programa de distribución de compresas sanitarias respondía a los intereses del empresario Jorge Paulo Lemann. La decisión del STF de despojar a un legislador de la inmunidad parlamentaria por declaraciones emitidas en el marco de la discusión pública sienta un antecedente sumamente peligroso para la libertad de expresión y el ejercicio de la oposición política.
Otra vez el juez más desprestigiado de Brasil: Alexandre de Moraes
El aspecto más alarmante en términos de probidad institucional recae en la actuación del ponente de la causa, el ministro Alexandre de Moraes. Pese a mantener una notoria cercanía personal con la demandante —al punto de haber sido invitado de honor en la boda de la propia Tabata Amaral—, Moraes optó por no inhibirse de juzgar el caso. El magistrado validó íntegramente los argumentos presentados por la defensa de la diputada, sosteniendo que las afrentas excedieron el debate político e incurrieron en un delito contra el honor. La negativa a apartarse de una causa donde existe un claro conflicto de interés mina de forma directa la legitimidad del fallo y la imparcialidad que se le exige a cualquier tribunal.
La distribución de los votos en el STF refleja con nitidez la fractura ideológica y la lógica política que impera en la Corte. La mayoría condenatoria estuvo conformada por figuras de estrecha afinidad con el oficialismo o nombradas durante gestiones del Partido de los Trabajadores —como Cármen Lúcia, Flávio Dino y Cristiano Zanin—, acompañados por Edson Fachin, Gilmar Mendes y Dias Toffoli. En contraste, los ministros Luiz Fux, Nunes Marques y André Mendonça mantuvieron una postura de apego al debido proceso y a la protección de las fueros parlamentarios, votando por la absolución del acusado.
Este fallo no puede analizarse de forma aislada. Desde febrero de 2025, Eduardo Bolsonaro permanece en Estados Unidos tras denunciar una sistemática persecución judicial en Brasil, país donde obtuvo la residencia legal (green card) antes de ser despojado de su escaño por la Cámara de Diputados debido a sus ausencias. Cuando el máximo tribunal de una nación valida conflictos de interés entre juzgadores y querellantes, relativiza fueros constitucionales y opera en sintonía con las conveniencias del poder de turno, la justicia deja de ser un pilar de la democracia para convertirse en una herramienta de represalia política.
