El Gobierno de Bolivia acusó formalmente al expresidente Evo Morales de liderar y coordinar la masiva ola de bloqueos de carreteras que mantiene semiparalizado al país. Las medidas de fuerza, impulsadas por sectores radicales afines al exmandatario, han generado un severo desabastecimiento de alimentos e insumos médicos esenciales, impidiendo el paso de ambulancias y derivando en una crisis humanitaria que ya se cobró la vida de tres ciudadanos.
Ante el colapso logístico, la Sala Constitucional de La Paz emitió una orden perentoria e inmediata para levantar todos los bloqueos en el departamento. En paralelo, la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Boliviana gestionan contra el reloj un “corredor humanitario” con los manifestantes para permitir el tránsito desesperado de cisternas de oxígeno y camiones con medicinas.
La indignación social ha escalado con fuerza en las principales urbes. Amplios sectores de la ciudadanía califican el accionar de Morales como “criminal”, denunciando que la estrategia política del ala radical ignora deliberadamente el sufrimiento de los sectores más vulnerables, incluidos niños y ancianos, que padecen la falta de asistencia sanitaria y la alarmante escasez de alimentos básicos.
El gobierno envía por vía aérea 10.000 kilos de pollo para abastecer mercados paceños.
Violencia contra la prensa y las fuerzas del orden
El vocero Oficial de la Presidencia del Estado, José Luis Gálvez, condenó de forma enérgica la violencia selectiva ejercida por las facciones movilizadas, reportando brutales ataques tanto a contingentes policiales como a trabajadores de la prensa que realizaban coberturas informativas en el lugar de los hechos.
“Queremos ser enfáticos en condenar toda forma de violencia y discriminación. Hubo agresiones específicas a la prensa y ahí nos ponemos la misma camiseta porque estamos del mismo lado en defensa de la democracia. Cualquier acto de violencia contra el periodista, es un acto de violencia contra la democracia”, aseveró Gálvez.
El portavoz detalló incidentes explícitos de amedrentamiento: la tarde del jueves 14 de mayo, un periodista del Grupo Fides fue brutalmente pateado, golpeado con un casco de minero y perseguido en pleno centro paceño por ejercer su oficio. Un día antes, en la ciudad de El Alto, otros equipos de comunicación sufrieron ataques coordinados con cables, piedras y hondazos mientras desarrollaban su trabajo. Al respecto, aseguró que no existe justificación alguna para agredir a ningún ciudadano o comunicador.
Asimismo, el Vocero Presidencial lamentó el fallecimiento de tres personas que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a la intransigencia en los puntos de bloqueo, acto al que calificó como un hecho “criminal”, e instó a la población a no normalizar este tipo de actitudes que vulneran el derecho elemental a la vida.
Por otro lado, deploró las emboscadas perpetradas contra miembros de la Policía Boliviana dedicados al resguardo civil. “No podemos permitir que la violencia termine lastimando a nuestros policías, tenemos cinco policías heridos. Queremos agradecer de corazón a todas las fuerzas del orden que, con paciencia y profesionalidad, están tratando de mantener las cosas en calma”, remarcó, haciendo un llamado generalizado a cerrar filas en torno a la institucionalidad democrática.
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, acusó al expresidente Evo Morales y a sus aliados de intentar un golpe de Estado contra el actual Gobierno y anunció que pedirá la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad para la defensa de la democracia.
«A raíz de los hechos de violencia que se están generando, porque ya comenzó el proceso de golpe de Estado que está gestando Evo Morales y sus aliados para atacar a la democracia», denunció el líder cívico.
Cochamanidis recordó que la democracia fue recuperada gracias a la lucha de todos los bolivianos y aseguró que no se permitirá que unos pocos impulsen afanes golpistas.
El dirigente indicó que, a través del sistema democrático, guste o no guste, ya se eligió un presidente y una Asamblea Legislativa por un periodo de cinco años, y que quienes creen en este sistema no permitirán la vulneración de la democracia, la libertad ni del Estado de derecho.
Asimismo, anunció que respaldará todas las decisiones que se tomen en el marco de la Constitución para preservar el orden democrático en el país.
Firme respaldo internacional a la democracia boliviana
Ante la gravedad de la situación, los Ministerios de Relaciones Exteriores de ocho naciones de la región emitieron un contundente comunicado oficial conjunto desde Quito, manifestando su profunda preocupación por el desabastecimiento de alimentos y la asfixia humanitaria que sufre el pueblo boliviano producto de las protestas y bloqueos de carreteras.
El bloque internacional rechazó de forma categórica cualquier intento de desestabilizar el orden constitucional y alterar la institucionalidad del Gobierno legítimo del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025.
Los países firmantes (Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) reiteraron su total solidaridad con el pueblo boliviano y exhortaron urgentemente a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando de manera absoluta el diálogo, el respeto mutuo a las instituciones y la preservación inmediata de la paz social.
