El derrotero judicial de Cristina Kirchner ha ingresado en una fase donde la contradicción burda y el espectáculo mediático pretenden suplantar la contundencia del derecho constitucional. Tras años de denunciar una supuesta persecución política y de apelar a un sesgo de género difícil de sostener frente a las estadísticas, la estrategia de la exmandataria ha cruzado las fronteras, arrastrando al país a un escenario de asombro internacional que roza el ridículo.
La primera gran grieta del relato se encuentra en el propio origen de sus juzgadores. Pretender sostener que existe una corporación judicial coordinada bajo un “machismo sistémico” para perseguirla penalmente choca de frente con la realidad histórica de los pliegos y los decretos. Magistrados y fiscales clave en sus condenas y procesamientos —desde Diego Luciani hasta Julián Ercolini, pasando por los jueces de tribunal oral Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu— fueron seleccionados, impulsados y designados con la firma de Néstor Kirchner o de la propia Cristina Kirchner.
Si hubo todas las garantías constitucionales para ejercer su defensa —y las hubo en demasía—, la existencia de una condena no es más que el resultado de las pruebas acumuladas, no de una conspiración en su contra.
Frente a la contundencia de la cosa juzgada, la última carta del manual de la victimización política ha sido la absurda pretensión de recurrir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta maniobra desconoce —o finge desconocer— la soberanía de los tribunales locales y la naturaleza de los organismos internacionales, que de ninguna manera funcionan como una cuarta instancia de revisión para revertir sentencias de la justicia ordinaria de un país democrático. La apelación a los fueros internacionales no busca justicia, sino un estrado propagandístico para alimentar la épica del agravio.
Para colmo de males, esta puesta en escena internacional ha quedado delegada en manos de una representación legal extranjera que parece operar en un universo paralelo. La incorporación de los abogados extranjeros, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim a la defensa pública de la exvicepresidenta ha aportado dosis de un histrionismo casi caricaturesco.
El argumento del abogado español Borrego para defender a Cristina Kirchner en la ONU: “No es chorra, que yo sepa, ni es una Kuka”
Sus intervenciones, plagadas de consignas prefabricadas y desconectadas de la rigurosidad técnica del código procesal argentino, dejan en evidencia un alarmante desconocimiento de la causa y del funcionamiento institucional del país. Ver a letrados foráneos argumentar con ligereza sobre un proceso penal que cumplió con cada rito y garantía de la ley argentina no hace más que vaciar de seriedad el reclamo, transformándolo en un guion mal ensayado para consumo interno.
La justicia democrática se valida en el respeto a las instituciones y en la aceptación de los fallos, especialmente cuando los propios acusados fueron los artífices de las designaciones de quienes los juzgan. Intentar revertir una condena legítima mediante el circo internacional y la retórica vacía de asesores importados que no saben de lo que hablan no es una estrategia de defensa; es el epílogo inevitable de quien ya no tiene argumentos ante la ley.
