La separación de poderes, pilar fundamental de cualquier democracia republicana, atraviesa una crisis terminal en Brasil. El Tribunal Supremo Federal (STF), máxima instancia jurídica del país, se encuentra hoy en el centro de un severo cuestionamiento. Decisiones recientes de sus magistrados evidencian un alineamiento político con el Poder Ejecutivo que ya resulta imposible de disimular, transformando a la alta corte en una extensión de la agenda de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva.
El epicentro de esta pérdida de neutralidad se concentra en la Sala Primera del STF. Lejos de actuar como un árbitro imparcial, sus integrantes parecen operar bajo una lógica de sintonía político-ideológica con el Palacio del Planalto.
Radiografía de la Sala Primera: Los “jueces de Lula”
Las sospechas de parcialidad no son infundadas; se sustentan en la biografía y los vínculos directos de los magistrados que componen este cuerpo clave:
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Cristiano Zanin: Incorporado al tribunal en 2023. No es un juez de carrera tradicional, sino el abogado personal y amigo cercano que defendió a Lula da Silva en las causas de la operación Lava Jato. Su salto directo de la defensa legal del presidente a la magistratura del STF constituyó un golpe letal a la apariencia de neutralidad institucional.
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Flávio Dino: Designado en 2024 inmediatamente después de desempeñarse como ministro de Justicia del propio Lula. El mandatario festejó públicamente su nombramiento, vanagloriándose de colocar al “primer juez comunista” en la historia de la Corte Suprema, una declaración que fulminó cualquier pretensión de imparcialidad.
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Cármen Lúcia: Una veterana del tribunal, nominada originalmente por Lula da Silva durante su primer mandato en el año 2006.
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Alexandre de Moraes: Convertido en el auténtico “hombre fuerte” del STF. Moraes acumula funciones que en cualquier democracia con separación de poderes serían incompatibles: investiga, acusa y juzga de manera simultánea. Su rol central en la inhabilitación de Jair Bolsonaro de la vida política subraya el sesgo con el que opera el tribunal.
El caso de Valdemar Costa Neto: ¿Justicia o persecución?
La última muestra de esta dinámica se ejecutó este viernes 10 de julio de 2026. El ministro Flávio Dino determinó el bloqueo de R$ 119 millones en activos a nombre del presidente del Partido Liberal (PL) y principal líder de la oposición, Valdemar Costa Neto.
La medida se da en el marco de la Operación Transparencia de la Policía Federal, que investiga el presunto uso indebido de fondos públicos. En su resolución, Dino argumenta la sospecha de que Costa Neto realizó asignaciones irregulares de fondos, a pesar de ser un exdiputado que actualmente no ocupa ningún cargo público.
El trasfondo de la medida es alarmante: un juez que hasta hace poco era ministro político del gobierno actual, y que no oculta su adscripción ideológica al Partido Comunista de Brasil, es quien decide congelar el patrimonio del líder del mayor partido opositor del país.
¿Dónde está la seguridad jurídica en Brasil?
Cuando los ciudadanos y los actores políticos ya no pueden distinguir si un fallo judicial se dicta con el código penal en la mano o con el manual de estrategia del partido de gobierno, la democracia se vacía de contenido.
El uso del aparato judicial para neutralizar a rivales políticos dinamita la seguridad jurídica indispensable para la inversión, la estabilidad y la paz social. Brasil asiste al peligroso escenario donde el Tribunal Supremo ya no defiende la Constitución, sino los intereses de quien lo ayudó a poblar sus sillas.
