La máxima jurídica clásica dicta que la justicia no solo debe hacerse, sino que también debe parecer que se hace. En el Brasil actual, el Supremo Tribunal Federal (STF) parece haber olvidado este principio fundamental. La percepción de una falta de independencia y una indisimulada cercanía con el Poder Ejecutivo encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva ha dejado de ser una sospecha de la oposición para convertirse en una realidad institucional inocultable, evidenciada en el proceder diario de sus magistrados.
El caso más reciente y flagrante se centra en la Primera Sala del STF, un órgano que hoy opera bajo una sombra de severo cuestionamiento. Compuesta por ministros —varios de ellos nombrados directamente por la actual administración—, la Sala parece actuar con una sintonía política alarmante. La última muestra de este modus operandi la ha dado el ministro Alexandre de Moraes al denegar de forma expeditiva la solicitud de aplazar el juicio penal contra el exdiputado federal Eduardo Bolsonaro.
La Defensoría Pública Federal (DPU) había solicitado el aplazamiento bajo un argumento de pura lógica institucional: la Sala funciona actualmente con cuatro de sus cinco magistrados tradicionales tras el traslado del ministro Luiz Fux. Juzgar un caso de alto perfil político con un tribunal incompleto afecta la percepción de legitimidad. Sin embargo, amparándose en la letra fría del reglamento interno que permite un quórum mínimo de tres magistrados, Moraes forzó la marcha del juicio para este mismo martes. Si bien técnicamente legal, la prisa y la falta de deferencia hacia el equilibrio del tribunal refuerzan la tesis de que el objetivo primordial es político, debilitando el principio del juez natural y la colegialidad.
Pero el verdadero golpe a la credibilidad de Alexandre de Moraes y del STF no ha venido de las filas de la oposición brasileña, sino de la justicia internacional. En un revés sin precedentes, el Tribunal de Casación de Italia —la máxima instancia judicial de Roma— desnudó la parcialidad de los procesos dirigidos por Moraes al negar la extradición de la exdiputada Carla Zambelli.
Los argumentos de la corte romana son demoledores y exponen una anomalía procesal grave que vulnera los derechos humanos fundamentales:
-
Acumulación autoritaria de funciones: La sentencia italiana resalta la «insuficiencia e ilogicidad» de que el ministro Alexandre de Moraes concentre en su propia persona los roles de víctima (persona perjudicada), juez de primera instancia, juez de segunda instancia y juez de ejecución de la pena.
-
Violación de la independencia: Roma concluyó de forma tajante que la actuación del magistrado brasileño se dio «en flagrante violación del principio de imparcialidad e independencia del juez».
Que un tribunal europeo de primera línea califique el proceder del presidente de un ala del Tribunal Supremo de un país democrático como un ecosistema judicial donde el denunciante es el mismo que condena y ejecuta, destruye cualquier narrativa de institucionalidad limpia. El caso del presunto hackeo al Consejo Nacional de Justicia (CNJ), por el cual se requería a Zambelli, ha quedado expuesto ante el mundo no como un proceso penal técnico, sino como una persecución con tintes de revancha política.
Cuando las decisiones de una Corte Suprema se alinean de forma tan predecible con los intereses del Palacio del Planalto, y cuando los tribunales internacionales tienen que dictar cátedra de derecho procesal básico a sus magistrados, la confianza ciudadana se quiebra. El STF de Brasil, y en particular figuras como Alexandre de Moraes, están arrastrando la credibilidad de la justicia brasileña a un abismo de desconfianza del que tardará décadas en salir. Una democracia no puede sostenerse si su máximo tribunal se comporta como el brazo jurídico del gobierno de turno.
