La justicia boliviana dejó sin efecto este viernes las órdenes de aprehensión emitidas contra dos de los principales dirigentes de las movilizaciones sociales que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz, en una decisión que podría modificar el curso de la crisis política y social que atraviesa el país.
El fallo fue adoptado de manera unánime por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de La Paz durante una audiencia virtual. La resolución suspende los efectos de los mandamientos de captura emitidos por la Fiscalía contra Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), y Vicente Salazar, secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”.
La anulación de las órdenes judiciales era una de las condiciones planteadas por las organizaciones sindicales y campesinas para considerar su participación en una mesa de diálogo promovida por la Asamblea Legislativa, la Iglesia Católica y otros actores mediadores. Hasta ahora, las conversaciones desarrolladas entre representantes gubernamentales y la comisión impulsora del diálogo no habían contado con la presencia de delegados de la COB ni de los sectores campesinos movilizados.
Los dirigentes beneficiados por la resolución judicial enfrentaban investigaciones por presuntos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir. Las acusaciones surgieron tras una serie de protestas que derivaron en enfrentamientos con fuerzas policiales, disturbios y ataques a instalaciones públicas y privadas en la ciudad de La Paz. Argollo había manifestado previamente que permanecía oculto para evitar su detención.
Tras conocerse la decisión judicial, las organizaciones movilizadas comenzaron a evaluar los próximos pasos. La COB tiene previsto reunirse este sábado para definir una posición institucional, mientras que los dirigentes campesinos consultan con sus bases la posibilidad de incorporarse a las conversaciones. No obstante, mantienen su estado de emergencia y reclaman garantías para evitar eventuales acciones legales contra los participantes de las protestas.
La crisis se ha profundizado durante las últimas semanas debido a una serie de bloqueos de carreteras impulsados por sindicatos, organizaciones campesinas y sectores afines al ex presidente Evo Morales. Los manifestantes responsabilizan al Gobierno de incumplir compromisos asumidos durante la campaña electoral y denuncian una supuesta intención de avanzar hacia la privatización de empresas y servicios públicos, acusaciones que han sido rechazadas por el Ejecutivo.
Las interrupciones del tránsito, que comenzaron hace 24 días, han afectado especialmente a La Paz y El Alto, generando dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. La escasez también ha provocado un incremento significativo de los precios de productos básicos. En los últimos días, las medidas de presión se extendieron a los departamentos de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, ampliando el impacto económico y social del conflicto.
