La erosión de la credibilidad institucional en Brasil ha cruzado una línea de no retorno. Lo que debería ser el faro de la imparcialidad y la máxima garantía constitucional del país —la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF)— se ha transformado en un órgano de persecución política. En el centro de esta tormenta se erige la figura de Alexandre de Moraes, un magistrado que actúa bajo una alarmante autopercepción de omnipotencia, acumulando funciones que en cualquier democracia real serían absolutamente incompatibles: actúa como policía, investiga, acusa y juzga.
El más reciente capítulo de este ensañamiento roza el absurdo jurídico y la crueldad institucional. Al prohibir los encuentros familiares al expresidente Jair Bolsonaro por 30 días —bajo el pretexto de que su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, publicó una carta de su padre en redes sociales—, Moraes establece una suerte de “responsabilidad objetiva” corporativa. Castigar a un hombre bajo arresto domiciliario humanitario por las publicaciones de un tercero, sin demostrar su consentimiento o participación, es una muestra escandalosa de impunidad procesal.
Acá no estamos a favor de Bolsonaro, solo defendemos la transparencia de la Justicia, que en Brasil hoy no existe.
El doble rasero y el bloqueo internacional
Las nuevas restricciones impuestas por Moraes no solo asfixian los derechos civiles básicos de Bolsonaro, sino que buscan su completo aislamiento político de cara a las elecciones de octubre. Al prohibirle recibir visitas con fines políticos o difundir manifiestos —incluso a través de intermediarios—, el STF opera como un árbitro electoral militante.
Esta obsesión por el control ha tenido un impacto directo en la diplomacia regional. Con estas medidas se bloquea la visita solicitada por la defensa para que el presidente de Argentina, Javier Milei, pudiera encontrarse con el exmandatario.
El contraste de la impunidad: Mientras a la oposición brasileña se le prohíbe el contacto internacional elemental, la memoria política fresca recuerda cómo el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, jamás tuvo restricciones para cruzar fronteras y visitar y respaldar públicamente en su prisión domiciliaria a su aliada Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, a pesar de sus graves actos de corrupción y condenas por el saqueo de las arcas públicas.
A este uso político de la justicia se suman sombras de corrupción interna que comprometen directamente al “hombre fuerte” del STF. Las denuncias periodísticas sobre el Banco Master —donde se señala que su titular, Daniel Vorcaro, fue alertado por el propio Moraes sobre una orden de detención, sumado al millonario contrato de consultoría que posee la esposa del magistrado con dicha entidad— habrían provocado la renuncia o la inhibición inmediata de cualquier juez en un sistema republicano serio. En el Brasil de hoy, la complicidad del silencio lo cubre todo.
“Los jueces de Lula”: Una cancha totalmente inclinada
La pérdida de independencia del Poder Judicial en Brasil no es una percepción subjetiva; es una realidad matemática y biográfica. La Sala Primera del STF se ha convertido, en la práctica, en un comité de aliados del Ejecutivo. De los cuatro jueces actuales que ratificaron la condena y las restricciones contra Bolsonaro, tres fueron colocados allí directamente por la mano de Lula da Silva:
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Cristiano Zanin: Ascendido a ministro del STF en 2023, tras ser literalmente el abogado personal y defensor de Lula en sus causas por corrupción.
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Flávio Dino: Exministro de Justicia de la actual gestión y militante de izquierda, cuyo nombramiento en 2024 fue festejado públicamente por el propio Lula con una frase que estremece la tradición democrática: “Siento una inmensa alegría de que por primera vez hayamos logrado colocar en la Suprema Corte a un ministro comunista”.
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Cármen Lúcia: Incorporada al tribunal por el propio Lula en su primer ciclo de gobierno (2006).
La hoja de ruta del Foro de São Paulo
Este asalto coordinado a la justicia brasileña no es un fenómeno aislado ni un exceso de celo judicial; responde a una estrategia ideológica fríamente calculada. El documento base del XXIII Encuentro del Foro de São Paulo, emitido en Managua en 2017, ya lo advertía con una claridad pasmosa:
“La izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación”.
Recordemos que el Foro de São Paulo, fue fundado en los ’90, por Lula y Fidel Castro.
Lo que en 2017 era una consigna en un papel de la izquierda radical latinoamericana, en el Brasil de 2026 es una política de Estado ejecutada por Alexandre de Moraes. Al destruir la credibilidad del Poder Judicial y convertir los tribunales en herramientas de liquidación política, el STF no está protegiendo la democracia: la está demoliendo desde sus cimientos.
