Las organizaciones de la sociedad civil se han convertido en uno de los principales pilares de la respuesta humanitaria tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela. Sin embargo, expertos independientes de las Naciones Unidas advirtieron que las restricciones impuestas a estas organizaciones podrían comprometer la asistencia a miles de personas afectadas y dificultar el proceso de recuperación del país.
En un pronunciamiento difundido este viernes, los especialistas señalaron que la emergencia sísmica ha agravado las condiciones de vulnerabilidad de la población en un contexto marcado por una prolongada crisis humanitaria y de derechos humanos. En ese escenario, destacaron que las organizaciones locales, junto con entidades internacionales, desempeñan un papel esencial en la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de víctimas fatales, la atención a los damnificados y la distribución de medicamentos, insumos médicos y otros bienes de primera necesidad.
Los expertos subrayaron que buena parte de la ayuda humanitaria no llegaría a las comunidades afectadas sin la participación directa de estas organizaciones, por lo que consideraron indispensable que sean incorporadas de manera activa en las fases de reconstrucción y recuperación.
No obstante, advirtieron que la normativa vigente representa un obstáculo para su funcionamiento. Explicaron que las exigencias de inscripción y reinscripción ante las autoridades registrales, sumadas a retrasos administrativos, ponen en riesgo la continuidad jurídica de numerosas organizaciones. A ello se añaden controles bancarios más estrictos que dificultan la recepción y administración de recursos, especialmente aquellos provenientes de la cooperación internacional.
Según los especialistas, estas limitaciones afectan tanto a organizaciones venezolanas como a entidades internacionales que participan en las labores de asistencia, reduciendo su capacidad operativa en un momento de máxima necesidad.
Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades venezolanas para eliminar las barreras que restringen la acción humanitaria, agilizar la llegada de recursos y habilitar mecanismos de apoyo ampliamente utilizados en emergencias, como las transferencias directas de efectivo a las personas damnificadas.
Asimismo, solicitaron que las fuerzas de seguridad garanticen la protección de las iniciativas ciudadanas de solidaridad, incluidos los centros de acopio, y respeten el trabajo de las organizaciones humanitarias. Los expertos insistieron en que no deben repetirse prácticas de intimidación o represión contra quienes participan en labores comunitarias y de asistencia.
Finalmente, exhortaron a Naciones Unidas, los países donantes y demás actores internacionales a fortalecer el respaldo a las organizaciones locales y asegurar su participación en la toma de decisiones relacionadas con la reconstrucción del país. También destacaron que la intervención de la sociedad civil resulta clave para promover la transparencia en el manejo de los recursos, defender los derechos de las comunidades afectadas y garantizar que la ayuda llegue de manera efectiva a quienes más la necesitan.
Los expertos concluyeron que los programas de recuperación, alojamiento temporal y reconstrucción deben contar con una participación amplia de las comunidades, incluidas las personas desplazadas, y desarrollarse en estricto cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.
