Hay momentos en la política en los que la línea entre la audacia y el descaro sencillamente desaparece. El Gobierno de Pedro Sánchez, asfixiado por el agua que le llega activamente al cuello, parece haber decidido que, si la realidad judicial es insostenible, la única salida es buscar una validación divina. O, al menos, fingir que se tiene.
La estampa de esta semana en La Moncloa pasará a los anales del escapismo político. En medio de la mayor crisis de corrupción que se recuerde en las filas del PSOE —con la inédita e histórica imputación de la mujer del presidente, Begoña Gómez, de su hermano David Sánchez y del mismísimo expresidente José Luis Rodríguez Zapatero—, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, compareció ante los medios. Cualquiera habría esperado explicaciones, asunción de responsabilidades o, al menos, una prudente contención. En su lugar, el país asistió a un ejercicio de funambulismo discursivo sin pudor: la Moncloa ha decidido que el Papa León XIV es el nuevo militante de honor del sanchismo.
Al anunciar la próxima visita del Sumo Pontífice a España, Saiz no dudó en afirmar, con una llamativa ligereza, que “el Papa respalda nuestras políticas”. Según la portavoz, las encíclicas papales y la visión global de Roma son un sello de aprobación directo a la gestión migratoria y de paz del Gobierno español, argumentando que ambos comparten el “centro en los derechos humanos”.
Atribuirle a León XIV el rol de jefe de campaña o de avalista de un Ejecutivo cercado por los tribunales no solo es una interpretación sesgada; es una instrumentalización burda de la diplomacia vaticana.
Cualquiera que conozca mínimamente el magisterio de la Iglesia sabe que la defensa de la dignidad de los migrantes o la búsqueda de la paz son principios doctrinales universales, no un cheque en blanco para el manual de resistencia de un gobierno en descomposición. Vincular las encíclicas conocidas estos días con el balance de gestión de un PSOE acorralado por las sospechas de los contratos públicos, los negocios familiares y los despachos judiciales es, como poco, un insulto a la inteligencia del ciudadano.
La jugada, sin embargo, delata el tamaño del pánico en el complejo de La Moncloa. Cuando los titulares ya no se pueden tapar con decretos ni con polarización, se recurre a la mayor de las cortinas de humo: la bendición papal. Se busca desviar la mirada de los juzgados hacia el Vaticano, intentando vestir de “autoridad moral” a un proyecto político que hoy cotiza a la baja en los estándares de transparencia.
La Moncloa olvida que la fe de Roma se mueve por canales espirituales y globales, mientras que la justicia española se mueve por el código penal. Por mucho que Elma Saiz intente empaquetar al Papa León XIV en el relato gubernamental, la realidad es tozuda: las imputaciones no se limpian con agua bendita, se dirimen en los tribunales. Y ahí, ni la mayor de las encíclicas podrá salvarlos del veredicto de la realidad.
