Colombia: Abren investigación contra Gustavo Petro acusado de violación de las leyes electorales

La indagatoria penal y disciplinaria se inició luego de que diversos sectores políticos y organismos de control estatal cuestionaran una serie de mensajes publicados por el jefe de Estado en sus redes sociales. En dichas publicaciones, Petro manifestó un abierto apoyo al senador ultraizquierdista Iván Cepeda, miembro de la coalición oficialista Pacto Histórico

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Gustavo Petro - Foto: Prensa presidencial

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia anunció la apertura de una investigación formal en contra del presidente de la República, Gustavo Petro. El mandatario es acusado de una presunta violación de las leyes electorales del país.

La indagatoria penal y disciplinaria se inició luego de que diversos sectores políticos y organismos de control estatal cuestionaran una serie de mensajes publicados por el jefe de Estado en sus redes sociales. En dichas publicaciones, Petro manifestó un abierto apoyo al senador ultraizquierdista Iván Cepeda, miembro de la coalición oficialista Pacto Histórico, a escasos días de que se celebre la primera vuelta de las elecciones presidenciales este próximo 31 de mayo.

El marco legal de la acusación

Según detalló la célula legislativa —el único órgano competente para investigar a los mandatarios en ejercicio en Colombia—, la apertura de este proceso se sustenta firmemente en el ordenamiento jurídico del país:

  • Delito imputado: Violación al artículo 422 del Código Penal colombiano, el cual tipifica y sanciona el delito de intervención en política por parte de servidores públicos.

  • Facultades legales: El procedimiento se ampara en los mecanismos y competencias otorgados por la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal anterior) y la Ley Quinta de 1992 (Reglamento del Congreso).

¿Qué dice la ley? La legislación de la nación sudamericana prohíbe de manera tajante a los funcionarios públicos, especialmente a los de alta jerarquía, participar de cualquier forma en actividades proselitistas o intervenir en controversias electorales en curso.

El caso ha encendido el debate político a las puertas de los comicios, mientras la oposición exige celeridad en el proceso y el sector oficialista califica la medida como una persecución contra el Ejecutivo. Se espera que en los próximos días la Comisión determine el cronograma de citaciones para recaudar las pruebas pertinentes.