México evita condenar el fin de las elecciones en Nicaragua y toma distancia de la postura crítica de otros gobiernos de la región

La mandataria mexicana justificó la posición de su gobierno bajo el principio de "autodeterminación", mientras que otros países de la región como Brasil y Uruguay expresaron su profunda preocupación por el giro autoritario de Daniel Ortega

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México

CIUDAD DE MÉXICO. – La presidenta de México, la ultraizquierdista Claudia Sheinbaum, ha generado una fuerte controversia internacional tras decidir no condenar el reciente anuncio del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, quien declaró la cancelación de futuros procesos electorales en Nicaragua bajo el argumento de evitar un eventual triunfo de la oposición.

Al ser cuestionada sobre la situación en el país centroamericano, la jefa de Estado mexicana evitó calificar de autoritaria la medida y optó por apelar a la postura de no intervención de su administración. “Nosotros siempre respetamos la autodeterminación de los pueblos y todas las formas de democracia”, afirmó la mandataria durante su comparecencia.

Sheinbaum dice que “será lo que decida el pueblo de Nicaragua” y oculta que ese pueblo no podrá decidir nada ya que no habrán más elecciones por decisión del dictador.

Para diversos analistas políticos y sectores de la oposición regional, esta declaración representa un aval tácito al movimiento de Ortega, el cual ha sido catalogado como un golpe definitivo a la institucionalidad democrática de Nicaragua.

La actitud del gobierno mexicano choca directamente con la reacción de otras administraciones de la región, particularmente las de Brasil y Uruguay. Ambos gobiernos manifestaron de inmediato su profunda preocupación por la decisión del régimen nicaragüense de clausurar las vías electorales. Desde Brasilia y Montevideo se emitieron pronunciamientos que alertan sobre el grave quiebre democrático que esto significa para el continente, marcando una clara distancia de la justificación diplomática empleada por México.

El escenario deja en evidencia la falta de una respuesta unificada en América Latina frente a la consolidación del régimen de Ortega, abriendo un nuevo debate sobre los límites de la soberanía y la defensa compartida de los valores democráticos en el hemisferio.