
En un giro significativo dentro de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, el juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento de la exfiscal Viviana Fein. Se la acusa del delito de encubrimiento agravado, vinculado a la contaminación de la escena del crimen en el departamento de Puerto Madero donde el titular de la UFI-AMIA fue hallado sin vida en enero de 2015.
Las claves del procesamiento
Fein, quien tuvo a su cargo la etapa inicial de la instrucción antes de que el expediente pasara al fuero federal, había sido citada a los tribunales de Comodoro Py en febrero de este año. La resolución de Ercolini se alinea con la hipótesis sostenida por el fiscal Eduardo Taiano, la cual apunta a una serie de irregularidades y omisiones durante las primeras horas del hallazgo que habrían obstaculizado el esclarecimiento del hecho.
Los puntos centrales de la acusación incluyen:
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Contaminación de pruebas: La falta de preservación del lugar del hecho (el baño del departamento en las torres Le Parc).
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Incumplimiento de deberes: Manejo deficiente de las evidencias físicas y de los protocolos de criminalística.
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Tipificación: El magistrado consideró que su accionar constituye encubrimiento agravado, dado que las negligencias habrían favorecido la impunidad de los responsables.
Un caso que sigue conmocionando al país
Alberto Nisman fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015. El hallazgo se produjo apenas días después de que el fiscal presentara una denuncia formal contra la entonces presidenta, Cristina Kirchner, acusándola de un presunto plan para encubrir a los ciudadanos iraníes sospechosos del atentado a la AMIA (1994) a través del Memorándum con Irán.
“La Justicia todavía intenta determinar quiénes cometieron el presunto asesinato, de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía de Taiano”.
Mientras que en los primeros años se debatió entre las hipótesis de suicidio o asesinato, la justicia federal actualmente investiga el caso como un homicidio. El procesamiento de Fein marca un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios judiciales en la preservación de pruebas en casos de alto impacto institucional.












