WASHINGTON D. C. — Un comité del Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución para declarar en desacato al Congreso al Dr. Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) entre 1984 y 2022. La medida responde a la negativa del inmunólogo a responder a los cuestionamientos de los legisladores que investigan los orígenes de la pandemia de COVID-19 y las decisiones de salud pública adoptadas durante la crisis.
La votación en el Comité de Seguridad Nacional del Senado se resolvió con 8 votos a favor y 5 en contra, representando una nueva escalada en las acciones de la mayoría republicana para fiscalizar el manejo del COVID-19 en el país.
El conflicto por la Quinta Enmienda y el indulto presidencial
Durante su audiencia de la semana pasada, Fauci decidió ampararse en la Quinta Enmienda de la Constitución de EE. UU. para evitar autoincriminarse. Según justificó, existían razones fundadas para temer un proceso penal debido a la firme determinación del ala republicana de llevarlo a prisión por su gestión al frente de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Sin embargo, el senador republicano Rand Paul (Kentucky) rechazó la validez de esa defensa constitucional. Paul sostuvo que Fauci no enfrentaba un riesgo real de incriminación, ya que el expresidente Joe Biden le concedió un indulto preventivo antes de dejar el cargo, cubriendo todas las acciones realizadas durante su periodo al mando de la respuesta sanitaria contra las enfermedades infecciosas.
“El doctor Fauci no corría ningún riesgo de ser procesado a nivel federal. Lo único que tenía que hacer era decir la verdad”, afirmó el senador Paul momentos antes de emitirse el sufragio.
Futuro judicial incierto
Paul confirmó que remitirá la resolución por desacato al Departamento de Justicia (DOJ) para que evalúe iniciar un juicio penal contra el exfuncionario.
Esta acción abre un escenario legal sin precedentes. La remisión obligará a las autoridades judiciales a dirimir un choque normativo: si un ciudadano indultado de forma preventiva mantiene o pierde el derecho a acogerse a la Quinta Enmienda ante un comité legislativo. Con esta decisión, la pugna política alrededor de la figura de Fauci y las políticas aplicadas durante la pandemia de COVID-19 se traslada de las salas del Congreso a los tribunales.
