Agentes de la Policía Nacional de España, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal y bajo la coordinación de Europol y Eurojust, han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a introducir trabajadores extranjeros en España mediante documentación falsa. La investigación, en la que también participaron la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Centro Especializado de Combate al Tráfico de Migrantes y Trata de Personas con sede en Brasil, destapó un entramado que habría captado a más de 1.000 personas, principalmente procedentes de Colombia y Perú.
La red ofrecía supuestas oportunidades laborales como soldadores en Portugal a trabajadores que buscaban mejorar sus condiciones económicas. Sin embargo, una vez aceptaban la oferta y viajaban a Europa, se encontraban con que el empleo se desarrollaría finalmente en España, mientras que su situación administrativa quedaba vinculada supuestamente al sistema portugués.
Según la investigación, muchos de los trabajadores firmaban contratos redactados en portugués sin comprender su contenido. Antes de viajar eran instruidos para cruzar las fronteras haciéndose pasar por turistas. Ya en territorio español, se les exigía el pago de nuevas cantidades para gestionar documentación y trámites en Portugal que en numerosas ocasiones nunca llegaban a formalizarse. Las víctimas llegaron a abonar hasta 300 euros por supuestos procesos administrativos, incluidos registros en la Seguridad Social que en realidad no existían.
Para dar apariencia de legalidad a la actividad, la organización creó en Sabadell (Barcelona) una empresa con la misma denominación que una compañía mercantil portuguesa. A través de esta estructura se subcontrataban servicios a empresas españolas del sector metalúrgico. La documentación utilizada para estas gestiones —certificados de desplazamiento, altas en la Seguridad Social portuguesa, tarjetas de residencia, cursos de formación o reconocimientos médicos— resultó ser falsa.
Las pesquisas también revelaron graves irregularidades laborales. Las empresas vinculadas a la red incumplían de forma sistemática la normativa del sector metalúrgico y no proporcionaban equipos de protección individual a los trabajadores. Esta falta de medidas de seguridad provocó varios accidentes laborales, mientras que la ausencia de cotización en la Seguridad Social dejaba a las víctimas completamente desprotegidas frente a cualquier contingencia.
La investigación comenzó en mayo de 2025 tras detectarse en España la actividad de varias empresas portuguesas que ofrecían a compañías del sector metalúrgico personal cualificado como soldadores. Las pesquisas permitieron identificar una estructura integrada mayoritariamente por ciudadanos brasileños que operaba entre España y Portugal.
La fase final de la operación se desarrolló en febrero de 2026 de forma simultánea en ambos países, con la participación de más de un centenar de agentes. Durante los registros se practicaron seis entradas —tres de ellas en España— y se detuvo a cinco personas en la provincia de Barcelona, dos de las cuales ingresaron en prisión provisional. Además, los investigadores intervinieron tres vehículos, dos de alta gama, abundante documentación falsificada y bloquearon varias cuentas bancarias vinculadas a la trama.
El presunto líder de la organización dirigía la actividad desde Emiratos Árabes Unidos. Sobre él pesaba una orden internacional de detención emitida a través de Interpol, que permitió finalmente su arresto.
