El Pleno de la Asamblea Nacional conoció en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por estructuras criminales, una iniciativa que busca fortalecer las herramientas del Estado frente al avance de grupos delictivos que captan menores de edad para actividades ilícitas.
La propuesta fue presentada sobre la base del informe elaborado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana. Durante la sesión, la legisladora Diana Jácome, encargada de exponer el proyecto, advirtió que las organizaciones criminales han encontrado en la vulnerabilidad de la niñez y adolescencia un mecanismo para ampliar sus redes de operación, lo que representa una amenaza directa para la seguridad y el tejido social del país.
Entre las medidas contempladas en la reforma destaca la incorporación de mecanismos de protección digital destinados a impedir la difusión de contenidos que promuevan o faciliten la captación de menores. Para ello, se prevé el bloqueo de material en plataformas y entornos digitales relacionados con estas prácticas.
La iniciativa también plantea nuevas herramientas legales y operativas para que las autoridades administrativas y judiciales actúen con mayor eficacia frente a casos de reclutamiento infantil y utilización de adolescentes por grupos criminales.
Otro de los ejes del proyecto es el fortalecimiento de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, entidades que tendrían la facultad de generar registros y emitir alertas tempranas sobre posibles situaciones de riesgo que involucren a menores de edad.
El texto además propone la creación de equipos especializados de seguridad en los Centros de Adolescentes Infractores y amplía las competencias de los gobiernos municipales en materia de seguridad ciudadana, programas deportivos y recuperación de espacios recreativos como estrategias preventivas.
En el ámbito penal, la reforma contempla un incremento de las sanciones por reclutamiento y utilización de menores, elevando las penas de prisión de 22 a 26 años. Asimismo, incorpora medidas de atención integral para las víctimas, entre ellas servicios especializados de salud mental, programas de identificación de riesgos, becas y ayudas económicas.
Durante el debate legislativo, los asambleístas analizaron aspectos vinculados con la aplicación de la normativa, el rol de los gobiernos autónomos descentralizados y el impacto que ha tenido el reclutamiento de menores por estructuras criminales en los últimos años. También se discutieron propuestas para fortalecer la prevención en entornos tecnológicos y mejorar la coordinación interinstitucional.
Las intervenciones de los legisladores incluyeron observaciones orientadas a evitar la impunidad en estos delitos, reforzar el control del microtráfico y consumo de drogas, mejorar las condiciones sociales de las comunidades vulnerables y promover un mayor acompañamiento familiar y comunitario en la protección de niñas, niños y adolescentes.
Tras más de veinte intervenciones, el primer debate concluyó y la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana continuará con el trámite legislativo para preparar el informe que será presentado en segundo debate.
