La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para América del Sur manifestó este viernes su preocupación ante el incremento de la tensión social y los episodios de violencia registrados en Bolivia durante las protestas y bloqueos de rutas que se desarrollan en distintos puntos del país.
El organismo advirtió sobre las consecuencias que la crisis está generando en la población, especialmente en el acceso a derechos esenciales como la salud y la alimentación, además de otros derechos fundamentales que se ven afectados por la paralización y los enfrentamientos.
En un pronunciamiento oficial, la Oficina expresó especial inquietud por los reportes de personas fallecidas y heridas de gravedad en el contexto de los bloqueos y de los operativos ejecutados para despejar las carreteras en varios departamentos bolivianos. En ese sentido, remarcó la necesidad de que estos hechos sean investigados de manera rápida, independiente, imparcial y transparente.
Asimismo, recordó que toda actuación de las fuerzas de seguridad debe ajustarse plenamente a las normas internacionales de derechos humanos. El organismo enfatizó que el uso de la fuerza por parte de agentes del orden debe responder a criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación. También subrayó que cualquier denuncia o indicio de uso excesivo o ilícito de la fuerza debe ser objeto de investigaciones oportunas y eficaces.
La ONU también tomó nota de la reciente derogación de la Ley 1341, normativa que establecía procedimientos y límites para la aplicación de estados de excepción en Bolivia. No obstante, señaló que las obligaciones internacionales del Estado boliviano en materia de derechos humanos continúan vigentes, independientemente de los cambios legislativos internos.
Frente al escenario de conflictividad, la Oficina instó al Gobierno boliviano a garantizar el respeto de los derechos humanos y llamó tanto a las autoridades como a los sectores movilizados a privilegiar el diálogo y adoptar medidas que contribuyan a reducir la tensión.
Finalmente, el organismo reiteró su disposición de colaborar con las autoridades y los distintos actores sociales del país en acciones orientadas a la promoción y protección de los derechos humanos, con el objetivo de favorecer una salida pacífica y democrática a la crisis.
