El Senado de Chile dio luz verde al proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros en situación migratoria irregular, una reforma que quedó en condiciones de convertirse en ley tras superar su último trámite legislativo. La Sala aprobó por 37 votos a favor y una abstención el informe de la Comisión Mixta, que permitió resolver las diferencias surgidas durante la tramitación parlamentaria.
La iniciativa modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería con el objetivo de reforzar las facultades de los organismos competentes, mejorar la ejecución de las expulsiones y fortalecer el registro de datos biométricos de personas extranjeras que permanezcan en el país en situación irregular.
Uno de los principales cambios acordados por la Comisión Mixta es la ampliación de tres a cinco años del plazo mínimo de prohibición de reingreso a Chile para quienes hayan sido objeto de una expulsión administrativa. La medida busca endurecer las consecuencias asociadas a estas resoluciones y reforzar su cumplimiento.
La reforma también contempla mecanismos para obtener información que permita notificar los procedimientos de expulsión. Esta facultad incorpora excepciones destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes, así como a resguardar a los establecimientos educacionales y de salud.
Otro de los puntos relevantes establece que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar por escrito autorización a un juez de garantía para ingresar a un domicilio con el propósito exclusivo de detener a una persona que tenga una orden de expulsión firme y ejecutoriada. La disposición contempla la intervención judicial como requisito para efectuar este tipo de diligencias.
La presidenta de la Comisión Mixta, la senadora Danisa Astudillo, explicó los acuerdos alcanzados por la instancia, que incorporó recomendaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público durante la revisión del texto.
En el debate intervinieron los senadores Renzo Trisotti, Andrés Longton, Danisa Astudillo y Francisco Huenchumilla, además del ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.
Durante la discusión, varios parlamentarios subrayaron la urgencia de mejorar los mecanismos de control migratorio, especialmente ante las dificultades que enfrentan las regiones del norte de Chile, afectadas por una prolongada crisis migratoria. La agilización de las expulsiones fue planteada como una herramienta para mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a las infracciones a la normativa vigente.
Sin embargo, también se advirtió que la aplicación efectiva de la nueva legislación dependerá de la disponibilidad de recursos, de una adecuada capacidad policial y de la coordinación con otros países para concretar los procedimientos de expulsión. En ese contexto, los senadores insistieron en la necesidad de asegurar financiamiento en el Presupuesto 2027.
Durante el debate también se planteó la importancia de distinguir entre los fenómenos migratorios y la actividad delictiva, con el argumento de que el endurecimiento de los procedimientos administrativos no debe traducirse en una equiparación entre migración y delincuencia.
Con la aprobación del informe de la Comisión Mixta, el proyecto completó su tramitación parlamentaria y quedó en condiciones de convertirse en ley, a la espera de los pasos institucionales correspondientes para su promulgación y entrada en vigor.
