BUENOS AIRES — Un nuevo frente judicial acorrala a la cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y al entorno kirchnerista. En una resolución de alto impacto, el juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria al extitular de la UOM, Abel Furlán, y a la militante kirchnerista Soledad Calle, junto a los dirigentes gremiales Naldo Brunelli, Osvaldo Lobato, José Luis Ortiz y Adalberto Braconi. Además, el magistrado trabó la inhibición general de bienes y el bloqueo de sus cajas de seguridad.
La causa investiga una presunta maniobra mediante la cual los imputados habrían “administrado infielmente los intereses patrimoniales” de la UOM y de su obra social (OSUOMRA), derivando fondos millonarios hacia estructuras privadas y maniobras de lavado de dinero.
El origen del dinero: Contratos a medida y desvíos millonarios
El expediente judicial pone bajo la lupa una ingeniería financiera montada en 2023, cuando la UOM firmó un contrato directo para otorgar a la firma Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM S.A.) —sociedad vinculada a Soledad Calle— la gestión y tercerización del cobro de aportes y administración de fondos del gremio y su obra social.
Según la investigación judicial, esta contratación se realizó sin compulsa de precios ni licitación formal. A través de este esquema, la firma habría facturado sumas siderales procedentes de las cuotas de los afiliados metalúrgicos.
Fue en este contexto cuando Soledad Calle concretó la compra en efectivo de la propiedad ubicada en el edificio de la calle San José 1111 (barrio de Constitución) —inmueble posicionado directamente en la unidad contigua/inferior a la residencia donde Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena con prisión domiciliaria— por un monto reportado de USD 190.000.
Aunque la defensa de Calle argumentó que la propiedad fue adquirida con “recursos propios” para montar una fundación de estudios, los peritajes patrimoniales exponen severas inconsistencias entre sus ingresos declarados y el monto abonado por el inmueble.
La hipótesis central: Burlar el monitoreo en San José 1111 y operar un “búnker político sombra”
Más allá del delito de administración infiel, los investigadores judiciales avanzan sobre la hipótesis de que la compra de la propiedad contigua en San José 1111 respondía a un objetivo político-logístico estratégico: construir un canal paralelo para burlar las restricciones de la prisión domiciliaria de CFK.
El punto ciego de la tobillera electrónica: Informes técnicos del sistema de monitoreo de prisioneros confirmaron que los dispositivos de radiofrecuencia (tobilleras) registran la presencia del interno dentro del perímetro general de la estructura edilicia, pero no pueden precisar la unidad o piso exacto en el que se ubica. En términos prácticos, si CFK se desplazara hacia el departamento vecino o inferior dentro del edificio de San José 1111, el sistema de vigilancia no emitiría un alerta de evasión de perímetro.
Eludir el control de visitas: La Justicia fijó estrictos cupos y registros de visitas en la residencia oficial de cumplimiento de condena. Disponer de la propiedad contigua —administrada por una dirigente afín— permitiría el ingreso de operadores políticos, sindicalistas y asesores sin la obligación de registrar su paso ante la custodia ni ante el tribunal.
De comprobarse el esquema, la adquisición del inmueble en el edificio de San José 1111 no solo representaría un episodio de malversación de fondos sindicales, sino la financiación gremial de un búnker político encubierto al servicio de la expresidenta. Las declaraciones indagatorias ordenadas por el juez Ercolini comenzarán a definir la situación procesal de los implicados en las próximas semanas.
