Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en el mismo domicilio del madrileño barrio de Retiro, fue desalojada este miércoles de la vivienda en la que había desarrollado prácticamente toda su vida. La mujer, que se desplaza en silla de ruedas y había mantenido históricamente al día el pago de su alquiler, queda ahora fuera de su hogar tras años de conflicto con la empresa propietaria del inmueble.
El caso se remonta a la adquisición de la vivienda por parte de una compañía que elevó sustancialmente la renta que Maricarmen abonaba bajo el régimen de alquiler antiguo. El precio, que rondaba los 500 euros mensuales, pasó a situarse en torno a los 2.650 euros, un incremento del 275%, según los datos difundidos por el Sindicato de Inquilinos de Madrid.
La disputa terminó en los tribunales y llegó hasta el Tribunal Supremo, cuya resolución favorable a la empresa propietaria permitió avanzar hacia la ejecución del desahucio.
La expulsión ha provocado protestas y críticas de organizaciones defensoras del derecho a la vivienda. Amnistía Internacional España calificó el caso de una presunta vulneración de derechos humanos y sostuvo que la situación de Maricarmen refleja una problemática que afecta a otros hogares en España sometidos a la presión del aumento de los alquileres.
La organización también cuestionó que se haya producido el lanzamiento pese a las medidas cautelares solicitadas por Naciones Unidas para suspenderlo, al considerar la situación de vulnerabilidad de la mujer y su discapacidad. En este sentido, las organizaciones sociales sostienen que las instituciones españolas debieron garantizar una alternativa habitacional antes de ejecutar el desalojo.
El caso ha reabierto, además, el debate sobre el alcance de las medidas de protección para los hogares vulnerables. Los colectivos que han respaldado a Maricarmen responsabilizan de la situación a distintas administraciones y fuerzas políticas, al considerar que la caída de la moratoria antidesahucios dejó sin cobertura a personas que no pueden asumir las actuales condiciones del mercado inmobiliario.
Las críticas alcanzan al Gobierno central por el retraso en la aprobación de nuevas medidas de protección, así como a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital por no haber proporcionado, según estas organizaciones, una alternativa residencial adecuada para la mujer.
También se ha cuestionado la actuación policial desplegada durante el desalojo. Los colectivos convocantes denuncian que el dispositivo fue desproporcionado y que se produjeron actuaciones contra las personas que intentaban impedir el lanzamiento. Asimismo, han denunciado restricciones al trabajo de los medios de comunicación durante el operativo.
El desahucio de Maricarmen se produce en un contexto de fuerte presión sobre el mercado del alquiler en España y de preocupación por el vencimiento de un elevado número de contratos durante los próximos años. Las organizaciones sociales reclaman al Ejecutivo que reactive medidas extraordinarias para proteger a los hogares vulnerables, entre ellas nuevas suspensiones de desahucios y mecanismos de prórroga de los contratos de arrendamiento.
