El Gobierno de Chile, encabezado por el presidente José Antonio Kast puso en marcha este lunes una de sus principales iniciativas en materia de seguridad al ingresar al Senado un proyecto de reforma constitucional destinado a fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo. La propuesta fue presentada con suma urgencia y deberá ser analizada por el Congreso en un plazo de 15 días.
La iniciativa, integrada en la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), plantea ocho modificaciones a la Constitución con las que La Moneda busca ampliar las herramientas de prevención, persecución penal y control del orden público.
El eje central del proyecto es la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que permitiría al Presidente decretarlo cuando exista una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente alterada.
De aprobarse la reforma, esta medida podría mantenerse durante un máximo de 120 días y ser prorrogada por una sola vez por igual período. Para posteriores extensiones sería necesaria la autorización del Congreso. Las zonas sometidas al régimen excepcional quedarían bajo la conducción inmediata de un oficial general designado por el jefe de Estado.
Durante su aplicación, el Ejecutivo podría restringir o suspender la libertad personal y de desplazamiento, limitar los derechos de reunión y asociación, interceptar o registrar documentos y comunicaciones y ordenar la requisición de determinados bienes. Las atribuciones concretas de las autoridades civiles y militares quedarían posteriormente reguladas mediante una ley orgánica constitucional.
La propuesta llega en un contexto en el que Chile mantiene desde 2022 un estado de excepción en varias provincias de La Araucanía y Biobío, donde las Fuerzas Armadas han participado en labores de apoyo al control del orden público debido a episodios reiterados de violencia.
Endurecimiento contra las organizaciones criminales
La reforma también busca elevar a rango constitucional una serie de medidas dirigidas contra las estructuras del crimen organizado. Entre ellas figura la posibilidad de establecer registros de organizaciones criminales mediante una legislación posterior, manteniendo la obligación de acreditar individualmente la participación de cada imputado.
El proyecto contempla además un régimen más restrictivo para las personas condenadas por delitos relacionados con el crimen organizado o el terrorismo. Quienes reciban estas condenas quedarían inhabilitados de manera permanente para ejercer cargos o funciones públicas y enfrentarían durante 15 años restricciones para acceder a determinadas penas sustitutivas y beneficios penitenciarios.
El texto también abre la puerta a establecer regímenes penitenciarios diferenciados y limitar comunicaciones, visitas, traslados y otros beneficios cuando exista riesgo de que los internos continúen coordinando actividades criminales desde las cárceles.
Otro de los puntos de mayor alcance es la facultad que tendría el Presidente para declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o del crimen organizado. Esta decisión no sería unilateral: requeriría un informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional y posteriormente tendría que ser aprobada por el Senado.
La Cámara Alta deberá pronunciarse en sesión secreta y con el respaldo de dos tercios de sus integrantes en ejercicio. El Senado dispondría de cinco días para resolver y no podría modificar la declaración presidencial.
Seguridad pública como obligación constitucional
La propuesta incorpora explícitamente la seguridad pública como un deber del Estado, junto con la protección de la seguridad nacional. Con ello, el Gobierno pretende reforzar constitucionalmente la responsabilidad estatal de prevenir y enfrentar amenazas vinculadas al crimen organizado.
La reforma también amplía las circunstancias que podrían justificar la adopción de medidas excepcionales, incorporando como causal una amenaza grave e inminente o una afectación grave de la seguridad pública.
El proyecto fue suscrito por el presidente José Antonio Kast y los ministros del Interior, Claudio Alvarado; Defensa, Fernando Barros; Seguridad Pública, Martín Arrau; y Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
