Más de ocho años después del inicio de la crisis política y social en Nicaragua, la situación de los derechos humanos continúa deteriorándose, según alertaron este jueves el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los organismos internacionales han documentado la persistencia de graves vulneraciones, entre ellas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, muertes bajo custodia estatal y privaciones arbitrarias de la nacionalidad. A estas prácticas se suma un incremento de las desapariciones y de las acciones represivas contra ciudadanos nicaragüenses que se encuentran fuera del país.
La crisis también alcanza al sistema institucional. Los expertos señalan que la concentración del poder se ha profundizado tras la reforma constitucional aprobada en 2025, que modificó el esquema de separación de poderes e incorporó la figura de la copresidencia.
En paralelo, el Gobierno nicaragüense ha comunicado que no contempla la celebración de elecciones en 2027, un escenario que los organismos consideran incompatible con las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos políticos.
El Grupo de Expertos y la CIDH sostienen que el contexto actual no reúne los estándares internacionales indispensables para garantizar procesos electorales libres y democráticos. Su diagnóstico apunta a que los elementos esenciales de la democracia se encuentran actualmente ausentes en Nicaragua.
Ante este escenario, ambos organismos han llamado a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a recurrir a los mecanismos disponibles para impulsar el restablecimiento de las instituciones democráticas y la protección de los derechos humanos en el país.
