EQUIPO DE INVESTICACIÓN PERIODÍSTICA DE ICN DIARIO.-
El ahora desprestigiado Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil atraviesa una de sus crisis institucionales más agudas. En una resolución firmada este jueves, por el polémico presidente de la Corte Suprema, el ministro Edson Fachin, rechazó la solicitud de recusación presentada por el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL) para apartar al ministro Flávio Dino de las causas judiciales que involucran a la oposición y al entorno del expresidente Jair Bolsonaro.
La controversia alrededor de Flávio Dino: militancia y proximidad al Ejecutivo
En paralelo, la moción desestimada por Fachin buscaba inhabilitar al ministro Flávio Dino como relator en investigaciones sensibles contra Flávio Bolsonaro, entre las que figura la causa sobre el presunto uso de enmiendas parlamentarias para financiar la película biográfica Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro, así como diversas acciones electorales.
La defensa del senador opositor fundamentó la petición en la estrecha relación de proximidad personal y afinidad política entre el juez e integrantes del Poder Ejecutivo. Dino, exgobernador y exministro de Justicia de la actual administración de Luiz Inácio Lula da Silva, cuenta con una extensa trayectoria en el Partido Comunista de Brasil (PCdoB).
Sectores de la oposición y analistas procesales recuerdan que el propio Lula celebró abiertamente su nombramiento al STF destacando que se trataba de la llegada de “un ministro comunista” a la alta magistratura. Para los promotores de la recusación, dicha proximidad ideológica y personal compromete de origen la imparcialidad requerida para instruir causas de alto impacto político.
El juez Edson Fachin y los “argumentos” para salvar a Lula de la cárcel
La resolución del presidente del STF también ha reactivado las críticas hacia la propia actuación de la presidencia de la Corte. Diversos observadores recuerdan que fue el propio Fachin quien en 2021 anuló las condenas dictadas contra Lula da Silva en el marco de la operación Lava Jato. No porque fuera inocente, sino por un tema de jurisdicción del tribunal
Aquella anulación no se fundamentó en una absolución de los cargos de corrupción, sino en un vicio formal de competencia territorial de los juzgados de Curitiba. El posterior envío de los expedientes a la justicia federal de Brasilia y la consiguiente dilación procesal derivaron en la prescripción de los delitos debido a la edad avanzada de Lula, despejando su camino para recuperar sus derechos políticos y competir en las elecciones.
A esta decisión procesal se suma un complejo entramado de graves conflictos de interés y redes de favores que salpican al magistrado Alexandre de Moraes y a su entorno familiar más cercano, intensificando las dudas sobre la neutralidad del tribunal a las puertas del escenario electoral.
Un millonario contrato bajo la lupa: el vínculo entre la familia Moraes y el Banco Master
El caso de mayor impacto salpica directamente al ministro Alexandre de Moraes a raíz de las contrataciones firmadas por su esposa, la abogada Viviane Barci de Moraes, a través de la firma Barci de Moraes Sociedade de Advogados.
Según documentos y reportes de investigación, el bufete de Barci de Moraes suscribió un contrato por un valor bruto de aproximadamente 131 millones de reales con el Banco Master, entidad financiera controlada por el banquero Daniel Vorcaro hoy preso por la mega estafa de su banco. El acuerdo contemplaba el pago de 36 parcelas mensuales de R$ 3,6 millones en concepto de “consultoría estratégica” y asesoría legal vinculada a procesos ante el Banco Central, el CADE y la Policía Federal. (R$ 131 millones de reales brasileños equivalen actualmente a 25.10 millones de dólares estadounidenses).
