Las mujeres que participan en la búsqueda de personas desaparecidas en México se encuentran bajo una creciente amenaza de violencia, con casos que han terminado incluso en desapariciones y asesinatos, advirtieron este miércoles expertos independientes en derechos humanos. Los especialistas reclamaron al Estado mexicano medidas concretas para garantizar la seguridad de quienes realizan estas labores y evitar que la impunidad siga favoreciendo nuevas agresiones.
La preocupación se concentra especialmente en entidades donde los colectivos de búsqueda han denunciado amenazas y ataques. Entre los casos señalados figura el de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista vinculada a la búsqueda de personas desaparecidas, cuya desaparición fue denunciada el pasado 29 de agosto.
Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue víctima de una agresión junto con su hija y dos menores. La sucesión de ataques continuó en Sinaloa el 1 de septiembre, cuando integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron atropellados mientras participaban en una manifestación pacífica en Mazatlán.
La organización ya había sufrido un golpe de extrema gravedad meses antes. En febrero, Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo, fue encontrada muerta en su domicilio en Mazatlán. Los expertos habían manifestado anteriormente su preocupación ante el asesinato y las amenazas y agresiones denunciadas contra integrantes de la agrupación.
Según los especialistas, estos hechos se producen en un escenario marcado por elevados niveles de impunidad, una situación que, a su juicio, incrementa la vulnerabilidad de las mujeres que participan en las labores de búsqueda y puede facilitar la repetición de los ataques.
La búsqueda de desaparecidos es responsabilidad del Estado
Los expertos subrayaron que la participación de las familias en la localización de sus seres queridos constituye un componente esencial de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, recalcaron que esa participación no puede convertirse en una sustitución de las obligaciones de las autoridades.
La búsqueda de personas desaparecidas corresponde primordialmente al Estado, que debe disponer de los recursos, mecanismos y personal necesarios para desarrollar investigaciones eficaces y proteger a quienes colaboran en ellas. Para los especialistas, trasladar esa responsabilidad a las familias profundiza el sufrimiento de quienes ya enfrentan la desaparición de un ser querido.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas ha reconocido previamente el papel decisivo que desempeñan familiares y representantes en numerosas búsquedas e investigaciones en México. Al mismo tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido obligaciones reforzadas de protección para las personas defensoras de derechos humanos.
Los expertos también advirtieron que las mujeres defensoras afrontan riesgos particulares derivados de su condición de género. Las agresiones pueden estar dirigidas no solo contra su labor, sino también contra su decisión de ocupar espacios públicos y cuestionar situaciones de impunidad.
Por ello, reclamaron a las autoridades mexicanas actuar con la debida diligencia para prevenir los ataques, investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables y garantizar una reparación adecuada para las víctimas.
Reconocimiento internacional no basta sin protección
La advertencia coincide con el reconocimiento internacional alcanzado por las mujeres buscadoras. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la designación del 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, una iniciativa que los expertos valoraron positivamente.
El reconocimiento busca poner en relieve la fortaleza, el liderazgo y la capacidad de acción de estas mujeres, muchas de las cuales han asumido personalmente la búsqueda de sus familiares ante la falta de resultados suficientes por parte de las autoridades.
Sin embargo, los especialistas advirtieron que el reconocimiento internacional debe traducirse en garantías concretas dentro de México. En ese sentido, instaron al Estado a proteger a las buscadoras, reconocer públicamente la importancia de su trabajo y asegurar su participación segura en los procesos de búsqueda e investigación.
El mensaje de los expertos es que las familias pueden y deben participar en la búsqueda de sus desaparecidos, pero no pueden convertirse en las responsables de suplir las obligaciones que corresponden a las instituciones públicas. Para Naciones Unidas, proteger a las buscadoras resulta inseparable de avanzar hacia la verdad, la justicia y la erradicación de la impunidad en los casos de desaparición.
